Un nuevo capítulo parece abrirse en el interminable conflicto judicial entre el gobierno argentino y los bonistas que no accedieron a las reestructuraciones de deuda.
En la audiencia del pasado ocho de agosto, el Juez de Distrito Thomas Griesa, a cargo de la pleito que se dirime en Nueva York, advirtió a la Argentina para que desista de continuar realizando declaraciones “falsas y engañosas”, señalando que podría considerarla en desacato en caso de persistir con su actitud.
Griesa hacía referencia a los anuncios publicados por el gobierno argentino en The Wall Street Journal y The New York Times bajo el título “Argentina quiere continuar pagando sus deudas pero no la dejan”. Allí, el gobierno afirmaba que “Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005. Pero se ha visto obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Cote Suprema de los Estados Unidos de tomar el caso.”
La provocación
Desoyendo las advertencias de Griesa, el pasado martes la presidente argentina Cristina Kirchner anunció a través de un discurso transmitido por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso para reabrir el canje de deuda.
La propuesta del cambio de jurisdicción es un desafío alevoso a la postura de Griesa por fuera de la juricidad: de aprobarse el proyecto, los bonistas que accedan a la nueva propuesta podrán recibir su pago en Argentina, eludiendo así la medida del juez estadounidense que le prohíbe a Argentina pagarle a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda, sin pagarle a aquellos que quedaron afuera.
La propuesta argentina es risueña. El gobierno designó a la empresa estatal argentina Nación Fideicomisos como agente de pago, es decir, una compañía que desconocerá sin problema alguno el fallo del juez Griesa. Sin embargo, esto no resuelve ningún problema.
Más allá de que los legisladores decidan aprobar el proyecto de ley, la última palabra la tienen los bonistas. Y son los bonistas los que deberán decidir si mantienen las condiciones actuales del fallo, o deciden ingresar en un nuevo canje para lograr el cambio de jurisdicción. En el hipotético caso que esto suceda — un escenario muy alejado de la realidad — Nación Fideicomisos difícilmente pueda demostrar estar a la altura de reemplazar al Bank of New York-Melon, el actual agente de pagos que no acató la orden de Griesa y no giró el dinero para el pago de los servicios de la deuda . La empresa argentina, cuyo principal accionista es el estatal Banco Nación, no tiene la estructura necesaria para llevar adelante una operación compleja que involucra la distribución de dinero entre miles de personas.
Las consecuencias
El pasado miércoles, ante la nueva movida del gobierno argentino, el fondo de inversión Elliot Management Corporation solicitó una audiencia de urgencia con el juez. El objetivo, lograr que se declare el desacato ante tribunal por parte del gobierno argentino y complicar así aún más su situación.
Otro de los fondos que litigan contra la Argentina, Aurelius Capital Management, emitió un duro comunicado de prensa en el que señalan que “los líderes argentinos han tomado la decisión calculada y cínica de violar y repudiar las ordenes del tribunal y colocar a la República en un default al por mayor”.
Finalmente, y a pesar de que el desacato era una de las alternativas con las que se especulaba desde hace algunas semanas, el juez calificó la propuesta de un nuevo canje de “ilegal”. Y aunque el juez no ha concedido el pedido de los fondos de inversión, la situación procesal de Argentina no mejora.
Mientras tanto, los títulos argentinos y las acciones de compañias con base en Argentina pierden valor en Nueva York y en Argentina el peso argentino se cotizaba a 13,95 pesos por dolar estadounidense.
El frente interno
Más allá de la cesación de pagos, el clima en Argentina se torna tenso. La recesión, y los pronósticos negativos para el rumbo de la economía despierta cada vez más preocupación entre los argentinos. El enfrentamiento con los llamados “fondos buitre” está generando una mayor polarización en una sociedad que ya se encuentra dividida.
En el día de ayer, el exministro de Economía Domingo Cavallo fue atacado cuando se disponía a ofrecer una conferencia en una universidad:
Una situación similar — sin agresiones físicas aunque de alta tensión— se vivió en un programa de televisión entre José Luis Espert, un economista crítico de la economía kirchnerista, y Agustín D’atellis, un economista adherente a las posturas del gobierno nacional:
Ricardo López Murphy, otro exministro de Economía, también fue agredido en un evento celebrado en la Universidad de La Plata.
La disputa entre el gobierno y los holdouts tendrá —y ya está teniendo — consecuencias drásticas para la economía. Pero políticamente el gobierno está siendo beneficiado, la dicotomía planteada entre “ellos o nosotros” (nada nuevo en la historia del país) suma apoyo entre la población. La creación de un enemigo externo siempre ha sido una excelente excusa para desviar la atención de los problemas más inmediatos. Incluso, esta novela no está exenta de dramatización, como sucedió el último martes durante la cadena nacional:
La historia no se repite porque es cíclica, sino porque una y otra vez volvemos a caer en los mismos errores. Siempre estuvimos en guerra con Eurasia.