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EnglishGobiernos como el de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han creado nexos con el narcotráfico casi como política de Estado, en vez de tomar pasos para resolver el problema han avalado al crimen organizado y vieron en él una oportunidad muy rentable. Otros gobiernos que se presentan como paladines de la guerra contra las drogas tampoco han podido evitar este pacto ente funcionarios públicos y narcotraficantes.
La historia de cómo se conformó hace 15 años uno de los cárteles más sanguinarios de México y el resto de la región, Los Zetas, refleja una realidad que se da en todos los niveles de gobierno y a lo largo de la pirámide de jerarquía de los funcionarios. La complicidad entre aquellos que dicen luchar contra el narcotráfico y las propias redes de comercio de drogas ilegales es algo inherente a la guerra contra las drogas.
El cártel mexicano encuentra sus raíces en el año 1997 cuando un grupo de 31 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), una fuerza de elite del ejército mexicano, desertaron y le juraron lealtad al Cártel del Golfo, uno de los más prominentes a finales del último siglo. Los desertores conformaron el brazo armado del cártel, y trabajaban como sicarios, guardaespaldas, o transportistas.
La caída de Osiel Cárdenas Guillén en 2003, el líder de Cártel del Golfo, debilitó a su agrupación y significó el ascenso al poder de Los Zetas. El grupo de exmilitares se convirtió en uno de los clanes criminales más brutales, crueles y feroces. Sus operaciones incluyen tráfico de personas, secuestros, extorsión, contrabando de inmigrantes, además del narcotráfico.
Los inicios de Los Zetas son una clara señal de cómo los bandos en esta guerra están difuminados. Las autoridades estatales y los narcotraficantes, dos de los antagonistas de este conflicto, actúan en connivencia de forma constante. Un mercado global de miles de millones de dólares —se estima que es una economía de entre US$50 y 320.000 millones— ofrece lucrativas oportunidades para corromperse y aceptar sobornos, o participar directamente de una agrupación criminal ilegal. En combinación con la inmunidad que suele estar asociada a un cargo político o a la placa policial, no sorprende la explosión de corrupción relacionada con el narcotráfico.
Los casos abundan. El de Arnaldo Urbina Soto, alcalde de la localidad hondureña de Yoro, de unos 65.000 habitantes, es uno de ellos. La semana pasada, el alcalde, fue acusado por la Dirección Nacional de Narcotráfico de ese país de ser el cabecilla de una banda a la que le atribuyen 137 asesinatos y 45 desapariciones. Según las acusaciones, el alcalde mantenía una operación de narcotráfico con “narcoavionetas” y un grupo de jóvenes armados reclutados por sus hermanos, encargados de brindar apoyo logístico.
En Argentina, el asesinato de tres empresarios farmacéuticos en 2008 involucrados en llamada “mafia de los medicamentos” encargada del desvío de efedrina —un precursor de drogas sintéticas— a narcotraficantes, destapó aportes de las víctimas a la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Kirchner, e incluyó la acusación contra el ex ministro del Interior y actual senador Aníbal Fernández. El mes pasado el director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y de la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) fue imputado como “partícipe necesario” en esa causa; solo una muestra.
Ningún país está exento de tener sus propios casos de autoridades involucradas con el narcotráfico. Esta es una característica propia la guerra contra las drogas: desde Guinea Bissau hasta Estados Unidos, pasando por Chile, México, y cualquier otro rincón del mundo en el que se esté librando esa fútil guerra.
La connivencia entre el narcotráfico y el Estado está a la vista en todos los países de la región. En algunas ocasiones los lazos son de conocimiento público, en otras se trata de actos de corrupción a menor nivel pero que también nos dan una clara señal: la guerra contra las drogas es imposible de ganar porque ambos bandos lucran con la existencia del otro. Mientras los jefes de los cuerpos de policía y las fuerzas armadas montan de tanto en tanto operativos espectaculares, varios integrantes a lo largo de la cadena de mandos –desde el primer nivel hasta el más bajo— también son beneficiados por sus supuestos adversarios.
Por un lado, oficiales corruptos se benefician a través de sobornos, de proveer encubrimiento, o de participar directamente en operaciones de tráfico de drogas. Por el otro, la guerra contra las drogas es la mejor excusa para que los jefes policiales pidan un mayor presupuesto para incrementar su poder de intervención contra los narcotraficantes, generando los denominados complejo policial-industrial y complejo industrial penitenciario conformado por empresas del sector de seguridad que satisfacen las demandas de un mayor poder de fuego y equipamiento, y –dadas las características de su sistema, especialmente en Estados Unidos — las concesionarias de cárceles privadas impulsan mayores tasas de encarcelamiento.
¿Cómo evitar la corrupción? Una de las reacciones frente a esta situación es el impulso de reformas para evitar la corrupción. Los números indican que no hay reforma que sea posible de reparar el daño hecho. Los efectos de la guerra contra las drogas en las poblaciones víctimas de ella son devastadores, desde la libertad de expresión hasta la separación de familias.
La persecución de una actividad pacífica convierte todo lo que hay en torno a ella en una industria violenta en la que se gastan miles de millones de dólares por año. Y todo se hace en nombre de una causa en defensa de la salud que, por lejos, ha causado mucho más daño que cualquiera que se quisiese prevenir lo que se logró reducir.
Más temprano que tarde el período de la prohibición de drogas será ubicado junto a otros de los episodios nefastos de la historia política mundial. Generaciones futuras analizarán a la guerra contra las drogas con el mismo horror que hoy analizamos la esclavitud.
