Los médicos en Bolivia están en huelga ante la aprobación de la ley de emergencia sanitaria del gobierno socialista de Luis Arce. Dicha legislación favorecería a la corrupción, por establecer la rendición de cuentas del sector salud como información confidencial.
Los profesionales tienen una semana en protesta y el conflicto está lejos de un acuerdo por la “falta de voluntad” del mandatario para aceptar que los asuntos relacionados con el gasto estatal en vacunas, medicamentos y la adquisición de bienes son de carácter público, porque es parte de la “transparencia en las negociaciones”.
El paro es general. Las consultas y las cirugías están suspendidas. Los médicos decidieron cubrir sólo los puestos de trabajo en servicios de emergencias hasta el próximo 28 de febrero como medida de presión hasta lograr la nulidad de la normativa.
Desde su cuenta en Twitter comparten las manifestaciones desplegadas en el país suramericano y anuncian además una demanda de acción anticonstitucional que será evaluada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) antes de consignarla en los tribunales del país suramericano.
#Hoy | Movilizaciones en defensa del ejercicio médico y la abrogación de la #LeyDeErmergenciaSanitaria. pic.twitter.com/94r2jdV6HK
— Colegio Médico de Bolivia (@ColMedBolivia) February 25, 2021
Discriminación profesional
La ley de Arce también es discriminante. La norma permite la contratación de personal médico extranjero, así como la aplicación de tarifas a los medicamentos y servicios de internación al igual que tratamiento del COVID-19.
Todo lo reflejado anteriormente “es una invitación a que vuelvan los médicos cubanos” como ocurrió en la presidencia de Evo Morales, asegura Fernando Romero, vocero del Sindicato de Ramas Médicas del Servicio en Salud, según la agencia AP citada por Infobae.
Pero eso no es todo. El rechazo a la ley lo desencadena además las prohibiciones del derecho a la huelga o protesta mientras rija el estado de “emergencia sanitaria”. Es decir, mediante esta táctica se imposibilita al gremio de poder expresar su desacuerdo con las condiciones hospitalarias o el mismo programa de vacunación.
Pese a que la representación nacional de los médicos firmó con el gobierno un documento de conciliación, las filiales del eje central del país Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, rechazan las modificaciones y la vigencia de la legislación por considerar que, en primera instancia, “nunca” se tomó su criterio para esta elaboración. Esa indiferencia condujo a los profesionales de la salud al paro definido.
#NotaDePrensa | El Consejo Nacional de Salud (CONASA) define entrar en paro definido en protesta a la promulgación de la Ley de #EmergenciaSanitaria.
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— Colegio Médico de Bolivia (@ColMedBolivia) February 19, 2021
“Las movilizaciones seguirán hasta lograr la abrogación de la ley”, ratificó Fernández a pesar de las invitaciones del Ejecutivo para consensuar una reglamentación.
Un retracto que no luce viable para el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Freddy Mamani, quien tildó como “imposible” un cambio en la normativa que ya el Senado votó.
Mamani defiende a la ley. Está de acuerdo con la “discrecionalidad” sobre el manejo del gasto y de imponer un precio de medicamentos de prioridad para tratar a los pacientes graves con diagnóstico de COVID-19 alegando que las clínicas privadas lo hacen con quienes presentan complicaciones por la enfermedad.
Elecciones con conflicto
El sector de sanidad no claudica. Sus movilizaciones en simultáneo con la de los productores de hojas de coca de la zona boliviana de los Yungas son en este momento dos focos de conflicto en Bolivia, en medio de una coyuntura especial por las próximas elecciones subnacionales y la pandemia.
El conflicto de los cocaleros se debe al control de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el mercado legal para la venta de la planta en el barrio de Villa Fátima, que se encuentra ubicado en La Paz.
Un fallo judicial benefició a una facción afín al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que se atribuye el liderazgo de Adepcoca, pero que es minoritaria según el grupo que controla actualmente la sede y también el mercado.
Los productores se mantienen en vigilia en el lugar para evitar que la otra facción tome el edificio, pero además denuncian que tres cocaleros resultaron heridos —uno de gravedad— durante una represión policial que frenó días atrás su intento de ingresar a la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento nacional.
También denunciaron que en la víspera una policía se infiltró en el lugar con la supuesta intención de «sembrar» algún tipo de prueba para justificar una intervención. Los cocaleros confirmaron el «pacto» con el personal de la salud pero sus movilizaciones se desarrollan de forma separada.
Mientras la situación se acentúa, Arce se reduce a instar a los galenos a suspender la medida para apoyar en el proceso de inmunización, que será reforzado con las 500.000 dosis de Sinopharm y a impulsar la campaña electoral de los candidatos de su partido socialista ante el fracaso de estos en las últimas encuestas.