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EnglishA mediados del siglo pasado, el chileno José Piñera Echenique, quien cuenta con una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard, creó el sistema privado de pensiones, el mismo que fue puesto en práctica por primera vez en Chile en 1980. Este sistema de pensiones basado en la capitalización individual fue un éxito rotundo, tanto así que años más tarde Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, México, El Salvador y Bolivia lo adoptaron.
Estamos en el año 2015, comienza el tercer mandato de Evo Morales en Bolivia, más conocido hoy en día como «el presidente vitalicio» por sus opositores o como «el líder planetario» por haberse llamado así él mismo cuando lo posesionaron en las ruinas de Tiawanaku como si fuera el rey de los indígenas.
Este año, por suerte –para los que repudiamos la administración pública y creemos en la maldición de tener recursos naturales— empezó a caer en picada el precio del petróleo, poniendo al presidente Morales en la situación que más temía y provocando por primera vez en varios años una proyección de déficit fiscal del 3,6% para 2015.
En palabras que el Gobierno no quiso utilizar, se nacionalizaron los ahorros de los bolivianos
Los bolivianos nos preguntamos los meses pasados de dónde sacaría el Estado boliviano el dinero para mantener la fiesta y el despilfarro en bonos, empresas públicas deficitarias, comodidades exorbitantes y obras ineficientes por doquier. ¿Aumentarán de manera exagerada los impuestos? O ¿será este el fin del evismo en Bolivia?
Hace pocos días, el Gobierno, brindó una camuflada respuesta cuando lanzó El Decreto Supremo 2248 que en resumen crea la “Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo” obligando a las administradoras privadas de fondos de pensiones existentes en el país a entregar en los próximos 18 meses, todos los ahorros, información y la administración a la nueva Gestora Pública estatal.
En palabras que el Gobierno no quiso utilizar, se nacionalizaron los ahorros de los bolivianos, lo que seguro traerá en el porvenir, problemas que nunca sucederían bajo el sistema privado de capitalización individual que planteó Piñera el siglo pasado.
La vejez digna bajo riesgo
Como un dato: en 2014 los aportes de los bolivianos sumaron US$10.588 milliones, lo que representa nada menos que el 32% del PIB o el 75% de las Reservas Internacionales (RIN). Un monto muy apetecible para un Gobierno socialista que comienza a perder los estribos.
Este decreto además expone que los principales cargos de la Gestora serán elegidos por el ministerio de Finanzas y Economía —es decir, el Ejecutivo. Explica también una escala salarial para los nuevos funcionarios, que comienza con un salario de Bol. 70.000 al mes (unos US$10.000), otro de Bol. 50.000 y otro de Bol. 30.000. Por otro lado, muestra que esta Gestora Publica podrá invertir el 50% de sus fondos en el exterior y el otro 50% en empresas estatales.
El primer problema con el que nos encontramos es que los cargos elegidos para la administración de los ahorros para una vejez digna de los bolivianos serán netamente políticos y responderán a los intereses del Ejecutivo en particular.
Los sueldos que percibirán estos empleados públicos serán extremadamente altos para la realidad boliviana, arrojando posibles hechos de corrupción y pérdidas, en vez de utilidades, en la Gestora. Para hacer una comparación, el salario mínimo en Bolivia es de Bol. 1.440 (US$208) y el salario del presidente es de Bol. 19.800 (US$2.865).
Las posibles inversiones de la Gestora Pública llevan al Gobierno boliviano a asumir el riesgo moral de convertirse en prestamista y prestatario al mismo tiempo
Por otro lado, estas posibles inversiones de la Gestora Pública llevan al Gobierno boliviano a asumir el riesgo moral de convertirse en prestamista y prestatario al mismo tiempo. El problema radica en que los préstamos serán a empresas ineficientes, que no generan utilidad y por lo tanto no serán capaces de pagar la deuda.
En el último informe de transferencias de recursos financieros desde el Banco Central de Bolivia a las empresas públicas, se aprecia que durante los dos últimos años las empresas estatales demandaron del Banco Central US$2.200 millones, monto equivalente al 20% de las pensiones acumuladas.
Todo esto nos lleva a la deplorable visión de que la Gestora Pública será un fracaso, al igual que todo lo administrado por el Estado, tal y como lo han advertido muchos intelectuales en siglos pasados. A largo plazo —estima este joven, que gracias al destino aún no ha depositado ni un boliviano al fondo de pensiones— los ancianos deseosos de descansar, tendrán que seguir trabajando para subsistir en un país que cada día decae en la miseria que trae consigo el intervencionismo.
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