Ayer, la Justicia federal de Argentina absolvió al ex Presidente Fernando De la Rúa y a otros siete acusados en la causa por los presuntos sobornos que se habrían pagado en el Senado de la Nación en el año 2000. Los jueces del Tribunal Oral N° 3, consideraron que no había pruebas suficientes para comprobar el supuesto pago de AR$ 5 millones a los Senadores argentinos.
Culmina entonces sin condenados, un caso que duró más de trece años – en agosto de 2012 había llegado a juicio oral – y que minó la credibilidad de un gobierno, contribuyendo a llevar a la Argentina a una de las peores crisis de su historia.
El contexto: gobernabilidad y reforma laboral
De la Rúa había asumido con un gobierno de coalición, la Alianza, en el año 1999, gracias al 48,37% de los votos, ganando también la Cámara de Diputados. Pero a nivel de las provincias, el Partido Justicialista (PJ) se impuso, reteniendo así el control del Senado.
En este contexto, la Alianza logró aprobar en el Congreso la Ley 25.250 de flexibilización laboral, la cual determinaba, entre otras cosas, reducciones a las cargas sociales y subsidios a nuevos empleos. La ley fue sancionada en mayo del año 2000 y entró en vigencia un mes después.
Mientras la norma entraba en vigencia, el vicepresidente de De la Rúa, Carlos “Chacho” Álvarez, renunciaba a su cargo. La renuncia de Álvarez fue motivada por la decisión unilateral de De la Rúa de ascender a unos pocos funcionarios de su gabinete, sospechosos de pagar sobornos para poder aprobar la ley.
Los acusados
Fernando De Santibañes era el titular de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que habría provisto los fondos necesarios para pagar los sobornos. Alberto Flamarique era el Ministro de Trabajo, el representante del Poder Ejecutivo para negociar la aprobación de la ley. Mario Pontaquarto era el secretario parlamentario que habría distribuido el dinero entre los Senadores necesarios para la votación afirmativa. Los tres, junto al ex Presidente, fueron acusados de cohecho y Santibañes, de malversación de fondos por desviar AR$ 5 millones de la SIDE para los pagos.
Por recibir las coimas, se encontraban también imputados cuatro ex senadores del PJ: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda. El caso involucra también a otros dos funcionarios: Emilio Cantarero, ex senador del PJ que no se encontraba presente por su estado de salud, y José Genoud, Presidente provisional del Senado en esa época, que se suicidó en el año 2008.
El rechazo de la confesión de Pontaquarto
En 2003, tres años después de la sanción de la ley, Mario Pontaquarto decidió confesar cómo había sido el procedimiento del pago de las coimas. “El arrepentido” declaró que él mismo había recibido en las oficinas de la SIDE los AR$5 millones (en ese momento, equivalentes a US$ 5 millones) para ser distribuidos entre los Senadores, y que la transacción había sido autorizada por el presidente en una reunión previa en la Casa de Gobierno.
Pero los magistrados resolvieron finalmente que la declaración de Pontaquarto es falsa. “No existió una reunión en la Casa de Gobierno con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar AR$ 5 millones; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE.”, narraron en un comunicado.
Y replicaron duramente: “La única fuente de esta disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio que circulara en el Senado de la Nación para el mes de agosto del 2000, y que el ex vicepresidente Carlos Alvarez difundió en una reunión de autoridades de bloque, son los inconsistentes y autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto, que no resisten el cedazo de la sana crítica racional, ni de la prueba”.
La defensa de De la Rúa
Por su parte, el ex Presidente Fernando de la Rúa sostuvo siempre su inocencia. En el año 2004, decidió dar de alta un sitio web donde se publicaba toda la información relativa a sus declaraciones juradas. Según el ex presidente, la función del sitio era brindar “información directa” a la ciudadanía: “En tiempo de versiones y mentiras hay que darle espacio a la realidad. Frente a la persecución quiero dar a conocer mis defensas. Un conocimiento real de los hechos permitirá opiniones objetivas.”
Dos años después, De la Rúa sacó el libro “Operación Política. La Causa del Senado.” En el mismo, el ex presidente se refiere no solo a la causa del Senado, sino también a la operación política que lo destituyó en diciembre de 2001, conocida en argentina como “la crisis del 2001” y que estuvo signada por hambre, saqueos y muertes. El ex mandatario afirma que sufrió una operación de descrédito y que bajo ninguna circunstancia él había avalado un pago de sobornos.
Repercusiones
Distintos referentes políticos se expresaron en contra de la decisión del Tribunal. La diputada nacional y referente de la oposición, Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI-UNEN), expresó luego de conocido el fallo su rechazo a la decisión del Tribunal. “Yo viví ese tiempo y la absolución equivale negar lo que era evidente: Que las coimas existieron”, aseguró la Diputada, que fue una de las primeras en alejarse del gobierno de De la Rúa y prever la crisis que existiría en el país.
Carrió valoró el juicio como el primero que “pudo llevarse a cabo por corrupción en la historia de la corporación política peronista-radical. (…) La absolución, en fallo que respeto pero que discrepo absolutamente, lleva nuevamente impunidad a esa corporación”.
Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de Argentina, se expresó también en contra del fallo. Él mismo había declarado en el proceso que el Ministro de Trabajo le había mencionado el pago a los Senadores para asegurar la reforma.
Moyano cree que el gobierno actual kirchnerista, perteneciente al PJ, y el radicalismo (partido que integraba la Alianza y al que pertenecía De la Rúa) hicieron un “pacto” para acordar “impunidad”. El kirchnerismo, según el lider sindical, “se quiere garantizar impunidad para el futuro”, pero destacó la “condena social” que recibieron los imputados: “Ninguno de los senadores peronistas acusados fue reelecto nunca más. Desaparecieron de la vida política. La condena social la sufrieron de manera inmediata.”