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Una vez más el chavista Diosdado Cabello mostró su talante dictatorial en Venezuela, luego de proponer que se adelanten las elecciones parlamentarias.
A pesar de que aún faltan dos años para que acabe el período de gestión de la actual Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, Cabello propuso una especie de golpe de Estado al pedir abolir al actual Parlamento venezolano.
De acuerdo con Cabello, sería “ideal” que a las elecciones presidenciales también se acuda a votar por la AN de Venezuela.
#EnVideo 📹 | Primer vicepdte. PSUV @dcabellor propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente realizar elecciones del Poder Legislativo en simultáneo con las elecciones presidenciales el 22 de abril pic.twitter.com/pRaYs0VN7H
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 20, 2018
Cabello considera que dos meses son suficientes para organizar estas votaciones y no ve “ningún tipo de inconveniente”, por lo que esta semana presentará esta propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas y de la que él mismo es miembro.
El día de las elecciones presidenciales que se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. En cualquier parte del mundo se adelantan elecciones legislativas.
Cabe destacar que el Parlamento es el único poder de Venezuela que está en manos de la oposición, la cual ganó las dos terceras partes en 2015. Sin embargo, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la AN en desacato, por lo que cada uno de sus actos han sido anulados.
Las declaraciones de Cabello surgen un día después de que se conociera que los principales partidos de oposición no participarán en las fraudulentas presidenciales por no existir las condiciones ni garantías electorales.
Formalmente, los actuales diputados de la AN fueron electos para el período 2016-2021. La decisión de adelantar los comicios formaría parte de un golpe Parlamentario.
El profesor y abogado José Ignacio Hernández señaló, a través de su cuenta en la red social Twitter, que de aprobarse la solicitud de Cabello, “la fraudulenta Constituyente formalizará la disolución de la legítima Asamblea Nacional”, y aseguró que se trata de “la consolidación del golpe de Estado permanente a la Asamblea Nacional a través de la dictadura”.
3) En resumen: la fraudulenta ANC pretende formalizar la disolución de la legítima Asamblea Nacional, cerrando el camino iniciado por el TSJ desde diciembre de 2015. La consolidación del golpe de Estado permanente a la Asamblea Nacional a través de la dictadura de la ANC.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) February 20, 2018
El golpe al Parlamento no es nuevo
En marzo de 2017 el chavista TSJ emitió dos sentencias en las que flagrantemente violaba la Constitución de ese país usurpando las funciones legislativas del Parlamento venezolano.
La decisión trajo como consecuencia la reacción de la comunidad internacional y el inicio de las protestas en Venezuela. Aunque el TSJ revirtió dichas sentencias, la verdad es que sobre la AN pesa una disolución en la teoría y en la práctica desde su propia elección. Pues el TSJ ha emitido más de 54 sentencias que anulan por completo al Parlamento venezolano.
Hoy en día, la AN no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos; todo esto, luego de que el Poder Judicial la declarara en desacato.
Recuento
La primera sentencia del TSJ que atentó contra el Parlamento se dio el 30 de diciembre de 2015, cuando suspendió las proclamaciones de diputados del estado Amazonas, violando así su inmunidad parlamentaria. Las elecciones en ese estado fueron impugnadas y todavía tres años después no ha sido resuelto.
El 20 de enero de 2016, a través de una sentencia, el Poder Judicial ordenó a todos los poderes públicos cumplir con una emergencia económica declarada por Nicolás Maduro; situación que debió primero haber sido discutida en el seno del Parlamento.
El 11 de febrero de 2016, la Sala Constitucional del TSJ puso en vigencia el decreto de emergencia económica, esto a pesar de su no aprobación en la AN.
Otro fallo que anula las funciones del Parlamento se dio el primero de marzo de 2016 cuando el TSJ decidió suprimir la AN en sus facultades de control político. Con ese falló decidió que el Parlamento no puede interpelar ni investigar a empleados públicos.
Con estas y otras sentencias el TSJ solo ha trabajado para beneficiar al Poder Ejecutivo con sentencias que anulan por completo las decisiones de la AN escogida democratica y legalmente por los ciudadanos venezolanos.
