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El “nuevo” ministro de Comunicación e información de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que en el país serán reguladas las redes sociales en el marco de la ley contra el odio que aprobó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Rodríguez señaló que el organismo encargado de las telecomunicaciones, Conatel, impedirá que proliferen “políticas de odio” en las redes sociales, y afirmó que Conatel definirá las formas de controlar estos aspectos en plataformas como Twitter y Facebook.
El ministro de Comunicación criticó que estas prácticas “no reciben ningún tipo de control” cuando ocurren en medios digitales, por lo que reiteró se establecerán “los mecanismos tecnológicos necesarios”.
Fran Monroy, periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones, dijo que técnicamente ese control a las redes sociales es “difuso e inaplicable”; sin embargo señaló que en la páctica, el régimen puede contar con un grupo de “tuiteros” seleccionados encargados de asustar o amenazar a los usuarios. Monroy también expuso la posibilidad de que la dictadura venezolana opte por “bloquear todas” las redes sociales.
Y técnicamente eso es difuso e inaplicable. En la práctica o ya tienen un grupo de "tuiteros" seleccionados para asustar o de plano van a bloquear TODAS las redes sociales. Ambas opciones suenan horrible. https://t.co/jwJHU3TM5V
— Fran Monroy Moret (@fmonroy) November 14, 2017
Y es que por primera vez la ONG Freedom House calificó a Venezuela, en su informe 2017, como un país not free (no libre) en el marco de las libertades en las redes. El documento señala que la calificación se debe a los bloqueos, censuras, las limitaciones de conexión, la lentitud y la contracción decidida por parte de la dictadura.
.@FreedomHouseDC sitúa a Venezuela como un país sin #LibertadDeExpresión con 63 puntos de 100 https://t.co/PInJ5WmHAi
— Espacio Público (@espaciopublico) November 14, 2017
Freedom House señala que el bloqueo de contenido político, social y económico no ha dejado de ocurrir.
“El nuevo director de CONATEL, Andrés Eloy Méndez, argumentó que el bloqueo de ciertos medios digitales se produjo con base en supuestas decisiones judiciales que no fueron dadas a conocer y los acusó de instigación a la guerra”
Asímismo, el documento señala las detenciones arbitrarias que han sufrido periodistas y usuarios de redes sociales tras dar a conocer la crítica situación que enfrenta el país suramericano. Tales son los casos de los reporteros en línea, Elvis Flores y Yonathan Guédez, quienes fueron arrestados por difundir imágenes de manifestaciones antigubernamentales.
“El caso más grave de detención a más largo plazo fue el de Braulio Jatar, editor del medio digital Reporte Confidencial, quien estuvo en la cárcel por más de ocho meses y luego fue puesto bajo arresto domiciliario. Jatar fue apresado el 3 de septiembre de 2016, un día después de publicar imágenes de una protesta espontánea durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Villa Rosa, una zona popular de la isla de Margarita”.
También se hace mención a los usuarios que comparten contenido “sensible” en las redes sociales como Dan Zambrano, quien retuiteaba varias cuentas que criticaban al Gobierno y fue arrestado por funcionarios de la División de Inteligencia Militar General (DGIM) en el estado Aragua.
Dos de los llamados “tuiteros presos” permanecen detenidos desde el año 2014. Se trata de Víctor Ugas, arrestado el 13 de octubre de 2014 después de publicar fotos del cadáver del político oficialista Robert Serra. Fue acusado de divulgación indebida de datos personales y de espionaje digital. A pesar de tener una orden de liberación, permanece arbitrariamente detenido. También está Leonel Sánchez Camero, detenido el 22 de agosto de 2014, acusado de promover el odio, la conspiración, la difamación y el acceso ilegal a canales electrónicos. Él permanece detenido en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN).
Como es evidente antes de que esta ilegítima “Ley contra el odio” existiera, ya el régimen de Nicolás Maduro detenía a opositores por manifestar su descontento a través de las redes sociales.
La nueva norma está constituida por 25 artículos que con el supuesto objetivo de “promover la tolerancia y prevenir toda forma de odio, hostigamiento y violencia”, establece prohibiciones en la emisión de mensajes que “puedan ser considerados negativos y que promuevan la guerra y la discriminación”. Se trata de una ley “poco objetiva” donde quedará a criterio de la “justicia” chavista qué es un mensaje negativo.
La nueva ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el Gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
La ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan “el fascismo”. Además, el artículo 14 prohíbe la difusión de mensajes en las redes sociales o medios electrónicos y digitales que llamen a la guerra o inciten al odio.
Queda esperar ahora quiénes serán las primeras víctimas de esta “Ley Contra el Odio” y quién será el encargado de discernir quién odia y quién no. A quién se puede odiar y a quién no.
En Venezuela ya no hay libertad de expresión, pues este régimen, que se ha encargado de sembrar rencor en la población tras hacerla pasar necesidades, hambre y pobreza, ahora con esta “ley” se ampara en impedir que los ciudadanos espresen su descontento.
