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Este jueves 28 de abril la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la destitución del ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres, a través de una moción de censura.
La medida tomada por la mayoría opositora del Parlamento surge luego de que el funcionario no atendiera a las solicitudes de comparecencia ante la crisis alimentaria que vive el país suramericano.
Pero el chavismo asegura que se trata de una decisión “ilegal e inaplicable” a pesar de que la Constitución venezolana en su artículo 246 establece que “la aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción”.
Los oficialistas aseguran que la oposición está violando una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que modificó el reglamento interno de la Cámara.
Aunque no sorprende a los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro volvió a desconocer las decisiones tomadas por el Poder Legislativo, pues asegura que Marco Torres no será destituido.
“Al ministro no lo remueve nadie”, dijo Maduro y anunció que promulgará un decreto especial de emergencia para evitar supuestos “saboteos” del Parlamento.
“Ramos Allup me manda un carta donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de alimentación Rodolfo Marco Torres. Yo le digo a usted: esa decisión es írrita y nula y como írrita y nula, no existe. Así de sencillo. Le digo al señor Ramos Allup al ministro no lo remueve nadie”, sentenció el mandatario.
Con esta decisión del presidente venezolano y los fallos del Tribunal Supremo de Justicia se pone de manifiesto el desconocimiento total al voto que emitieron los venezolanos el pasado 6 de diciembre y que le dio la victoria a la oposición de ese país.
Desde que la oposición obtuvo el triunfo, el Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial) en concordancia con los requerimientos del Gobierno de Nicolás Maduro, se ha dedicado calificar de “inconstitucionales” todas las decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional; y además ha decretado restricciones de las funciones del Parlamento para evitar que la mayoría opositora perjudique al oficialismo.
El TSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) aprobadas por la Asamblea Nacional. También modificó la Ley del Reglamento de Interior y de Debates de la Cámara, para restringir las funciones de los diputados.
Además el TSJ emitió un fallo que establece que en caso de que la Asamblea Nacional apruebe una enmienda constitucional para recortar el período presidencial, dicha decisión no aplicará al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Solicitan aplicación de la Carta Democrática
A raíz del evidente desconocimiento por parte del Gobierno venezolano hacia el Poder Legislativo en Venezuela, diputados opositores solicitaron a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que evalúe la aplicación de la Carta Democrática.
Los legisladores pidieron a la OEA evaluar el mecanismo más apropiado de intervenir ante lo que calificaron como intentos del Ejecutivo para entorpecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general, a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.
Que Almagro decida dar este paso es la única esperanza de la oposición para que sus denuncias se aborden en la OEA, porque solo los Estados miembros pueden pedir un Consejo sin recurrir a la Carta Democrática.
Un elemento clave a la hora de decidir dar o no el paso de invocar la Carta Democrática es saber si hay apoyos suficientes entre los Estados miembros para que la OEA aborde, por primera vez, la situación de Venezuela.
