Para un sujeto con mente revolucionaria, la revolución es el centro de su mundo y de su vida. Por eso no tolera el orden establecido y se convierte en un agente subversivo que asume como propósito existencial revertirlo todo, para obligar a las demás personas a asumir la revolución también como él lo ha hecho. Obligar, someter, neutralizar, forzar, son mecanismos válidos para lograrlo, de allí que la violencia es el eje transversal de toda su acción política en el marco de la ausencia de la dignidad del otro.
La revolución sustituye a Dios, reduce al hombre y está por encima de la ley, y a partir de esto último es que se sustenta la justicia revolucionaria. Esta justicia asume la existencia del tribunal de la historia, la cual juzgará siempre a favor de la revolución, nunca en contra. Por lo tanto, toda acción del presente será justificada con base en eso y estarán por encima de la Constitución y las leyes que siempre serán contrarevolucionarias.
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Ese es el modelo que el Partido de los Trabajadores (PT) ha construido durante décadas en Brasil. Pero, ¿cómo comprobamos si este modelo se ha consolidado o aún predomina el Estado de derecho? Veamos algunos ejemplos.
El exgobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, fue procesado 23 veces y acumula penas de más de 400 años de prisión. Preso por el caso Lava Jato, pagó seis años de cárcel. Es militante del MDB, partido que hoy hace parte de la coalición de gobierno. Ha sido liberado con prohibición de salida del país y puede transitar libremente por el estado de Rio de Janeiro.
Uno de los líderes históricos del PT, José Dirceu, fue condenado a 23 años de prisión por la operación Lava Jato. Hoy está libre y haciendo política para las elecciones locales de 2024 en el PT. El actual presidente de la República, fue condenado a más de 20 años de prisión. El Supremo Tribunal Federal (STF) anuló el proceso y ordenó su liberación.
Recientemente, el ministro de Justicia informó que se había fugado uno de los líderes de una facción criminal poderosa. La fuga ocurrió en una prisión de máxima seguridad federal y el argumento es que algunas cámaras no funcionaban, así como tampoco algunas lámparas que debían iluminar el recinto. En el país se han denunciado públicamente supuestos lazos de esta facción criminal con un partido político histórico.
Ahora bien, existen personas que han sido condenadas a 17 años de prisión por los acontecimientos del día 8 de enero de 2023. Personas que no tienen antecedentes penales, y que no se les respeta el debido proceso. Tan es así, que una persona murió en la cárcel como un preso político.
También existe una amenaza latente del gobierno y sus voceros contra el expresidente Jair Bolsonaro, afirmando constantemente que será encarcelado. Vale destacar que en su entorno político hay una agenda de activismo judicial en contra de líderes de su partido, autoridades electas y familiares, lo que traería como consecuencia la desarticulación y el debilitamiento del núcleo decisor que lidera a la derecha brasileña.
Siendo justos, ¿usted diría que en Brasil impera el Estado de derecho o la justicia revolucionaria?