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Las autoridades mexicanas han realizado más de 55.000 solicitudes para conseguir información personal de los ciudadanos, lo que constituye casi 25% más que en el año 2013, de acuerdo con información de la industria revelada por Reuters.
Asimismo, en 2014 México fue el país que más dinero invirtió en el software de la firma Hacking Team, cuyo producto principal permite descifrar mensajes encriptados para luego realizar labores de espionaje.
Los datos se habrían obtenido a través de las llamadas, mensajes y datos de ubicación de quienes estuviesen bajo seguimiento.
Según la Corte Federal, apenas 3% de las peticiones de vigilancia fueron aprobadas por un juez, mientras que el 97% restante estaría bajo responsabilidad de las compañías de telecomunicaciones.
Estas empresas enfrentarían sanciones si no entregan la información requerida por el Gobierno. Además, los ciudadanos que estén bajo vigilancia no serán avisados ni tendrán manera de percatarse del seguimiento que el Gobierno les haga.
La CISEN, agencia de seguridad nacional de México, informó que los resultados de la vigilancia son de carácter confidencial. Por su parte la Policía Federal rechazó dar opiniones al respecto.
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Fernando Belaunzarán, candidato al Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó que no existe una medida para controlar quiénes solicitan información personal, y manifestó que hay policías que están involucrados con el crimen organizado. «¿En manos de quién está esa información?», añadió Belaunzarán.
Todavía se espera el establecimiento de un nuevo código penal que solicitará a los fiscales una autorización judicial para acceder a información de carácter privado. De esta manera los datos contarían con un mayor nivel de seguridad.
Sin embargo, para Javier Lozano, senador del Partido Acción Nacional (PAN), algunas autoridades necesitan más recursos y habilidades para espiar.
«Veo cómo la delincuencia organizada muchas veces le gana la batalla al Estado mexicano porque están mejor organizados que nosotros», afirmó.
En México no hay reportes sobre cuántos ciudadanos son sentenciados por información recabada a través de intervenciones telefónicas. Con respecto a esto, las compañías telefónicas y los activistas muestran su inquietud ante la posibilidad de que el sistema, regido por una ambigua Ley de Telecomunicaciones, presente fallas en las que se entregue información personal de forma indiscriminada.
Se estima que publicarán las cifras de la industria en un reporte anual del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y de Anatel, ente que representa a varias empresas de telecomunicaciones como AT&T, América Móvil, y Telefónica.
Fuente: Reuters, Radio Fórmula.
