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Las autoridades de Guatemala solicitaron que se inicie un antejuicio para despojar de su inmunidad al diputado del Congreso Pedro Muadi, por su presunta vinculación con un nuevo escándalo de corrupción asociado a la contratación irregular de vigilantes a través de una empresa asociada al funcionario.
Los medios de comunicación reportaron que el ministerio Público de ese país, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad explicaron en una rueda de prensa que el parlamentario, que fue la empresa PSE, C.A, se adueñó de más de US$ 82.000 que fueron cancelados por el ente legislador, por concepto de servicios de seguridad.
La fiscal general Thelma Aldana, informó que el parlamentario fue acusado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y peculado, pues mediante las investigaciones lograron determinar que cuando Muedi fue presidente del Congreso, en 2012, había contratado los servicios de 15 agentes de seguridad, por quienes supuestamente habían cancelado un salario de US$900.
Sin embargo, se determinó que al final a los vigilantes solo se les pagó 25% de lo que estipulaba el contrato.
“Estas personas contratadas por el Congreso no recibían el salario pactado”, explicó Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Supuestamente las autoridades capturaron al jefe de la empresa de seguridad, que fue identificado como José Estuardo Blanco Aguilar, y a la secretaria de la firma, quien responde al nombre de Claudia María Bolaños, en seis allanamientos realizados en la Ciudad de Guatemala.
Los representantes de la Fiscalía explicaron que Bolaños gestionó la contratación de los agentes y tenía acceso a la firma de los mismos, abrió cuentas bancarias sin su conocimiento para recibir los salarios que cancelaba el Congreso y que posteriormente solo les pagaban en efectivo US$250 a cada uno y se quedaban con el resto del dinero que el organismo aprobaba para la nómina de los custodios.
Se espera que en los próximos días se dé inicio al proceso para que se decida si se despoja o no de la inmunidad al parlamentario, a fin de que se le pueda dar curso al proceso penal en su contra.
Fuente: La Prensa Gráfica.
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