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EnglishLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles en un comunicado de prensa su preocupación por la ley que autoriza la ejecución de personas sentenciadas a muerte mediante pelotón de fusilamiento cuando los fármacos requeridos para la inyección letal no están disponibles.
La CIDH, que considera a la pena de muerte como «un desafío crucial en el campo de los derechos humanos», señaló que dicha ley es un retroceso en la búsqueda de la abolición de la pena de muerte.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, citado por la CIDH, «la muerte por fusilamiento puede causar una muerte inhumana, lenta y dolorosa», lo cual, para el organismo interamericano, constituye una infracción a la «obligación internacional de [Estados Unidos de] de no exponer a las personas bajo su jurisdicción a un castigo cruel e inusual».
El gobernador de Utah, Gary Herbert, firmó el pasado 23 de marzo la ley que autoriza pelotones de fusilamiento como forma de ejecución cuando las drogas necesaria para la inyección letal no están disponibles. como ocurrió recientemente en varios estados.
En 2011 la farmacéutica estadounidense Hospira detuvo la producción de tiopentato de sodio, un ingrediente clave en las inyecciones letales, por problemas para obtener los ingredientes activos y advertencias legales de autoridades italianas, donde la pena de muerte es rechazada con vehemencia.
La muerte por fusilamiento ha sido una alternativa para los presos condenados a muerte en Utah hasta 2004, cuando el Estado prohibió ese método. Sin embargo, la última ejecución por fusilamiento fue llevada a cabo en 2010 luego de que un preso sentenciado antes de que la ley de 2004 entrara en vigencia escogiera ese método para morir.
En 2012, la CIDH publicó un informe titulado «La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: De restricciones a abolición«, en el cual recomienda a sus miembros aplicar «una moratoria de las ejecuciones como paso hacia la abolición gradual de esta pena».
Estados Unidos es el único Estado miembro de la CIDH que aún lleva adelante ejecuciones. En Guatemala, Cuba, así como también varias islas caribeñas, la pena de muerte está vigente aunque suspendida desde 2008.
