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EnglishSin el contexto local, las declaraciones de la semana pasada del presidente del Congreso de Paraguay, Blas Llano, podrían interpretarse como un inminente giro en la política antidrogas en el país, siguiendo el camino de Uruguay. Pero rara vez se tiene tanta suerte.
En realidad, ni la agrupación opositora del senador Llano, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ni menos el Gobierno conservador de la Asociación Nacional Republicana (ANR), tienen pensada una real liberalización del mercado de drogas (el presidente Horacio Cartes abrió el 6 de marzo con bombos y platillos el «1° Congreso de Tratamiento de Adicciones del Paraguay«, organizado por la fundación que lleva el nombre de su padre, donde brillaron por su ausencia conferencias sobre los efectos nocivos de la prohibición).
La historia de Paraguay como zona de tránsito de drogas es harto conocida. El negocio estuvo monopolizado por los militares durante la dictadura de la ANR con Alfredo Stroessner (1954-1989) a la cabeza, y el primer presidente de la transición democrática, Gral. Andrés Rodríguez, estuvo en la mira de la justicia estadounidense. Wikileaks reveló que la DEA también investigó al actual mandatario antes de ser electo.
En octubre de 2014, el asesinato del periodista Pablo Medina, cerca de la frontera con Brasil, puso en primera plana lo que era un secreto a voces: la continua infiltración del narcotráfico en las esferas más altas del poder legislativo, judicial y ejecutivo en años de democracia. Los supuestos autores intelectuales del crimen serían políticos locales y nacionales de la ANR. Gracias a la presión de la prensa, la fiscalía paraguaya actualmente investiga a varios legisladores y concejales de ambos partidos por apadrinar y encubrir a cárteles de drogas.
Es decir, las cúpulas partidarias están profundamente involucradas en el negocio de la prohibición. En realidad, las declaraciones del senador Llano deben entenderse en el marco de las próximas elecciones municipales a fin de año. No es coincidencia que el PLRA haya impulsado en febrero una campaña «en contra de la narcopolítica» para intentar desmarcarse y presentar el problema como algo exclusivo del partido gobernante.
Podemos afirmar que no pasa de ser más que un teatro político porque en su momento otros legisladores minoritarios del propio PLRA ya propusieron la despenalización de la marihuana, y la dirigencia partidaria les ignoró totalmente. En 2011 el diputado del PLRA Elvis Balbuena presentó un proyecto de ley para despenalizarla, pero no tuvo apoyo en el Congreso nacional. Luego del escándalo de la narcopolítica en octubre pasado, otro legislador del PLRA abogó por la despenalización del consumo y legalización del autocultivo de hasta 30 plantas de cannabis, y anunció que presentaría un proyecto de ley.
Aún si la dirigencia del PLRA apoyara este último intento legislativo, poco o nada haría por cambiar el statu quo. Paraguay es el segundo mayor productor de marihuana en América Latina, después de México. Por ende, el negocio de la narcopolítica está en el cultivo y exportación hacia los enormes mercados de Brasil y Argentina, no en la venta interna. Si bien lograr la despenalización del consumo sería un punto de inflexión de las políticas represivas, las mafias que corroen la institucionalidad seguirían gozando del monopolio del negocio.
Es hora de dejar de tratar irresponsablemente un problema que mata a miles de personas cada año. Amambay, departamento paraguayo fronterizo con Brasil por donde se comercializa droga, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La prohibición causa estragos en las familias desmembradas por el encarcelamiento, en la destrucción del imperio de la ley y hasta en el medio ambiente.
Ethan Nadelmann, de la Drug Policy Alliance, en su visita al país en 2013 pidió romper el tabú: «Nunca tendremos una sociedad libre de drogas. Nunca la hubo, y nunca la habrá».
Paraguay debe asumir esta realidad y encarar de frente una solución conjunta con Brasil y Argentina: la legalización completa de la producción, comercialización y consumo del cannabis. Nada menos se acercará a romper el negocio de las mafias y aliviar el flagelo de las drogas en el Cono Sur.
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