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A menos de seis meses para las presidenciales en Estados Unidos, republicanos en el Congreso presentaron una propuesta legislativa para proteger los comicios de personas indocumentadas que pretendan participar en la elección del próximo inquilino de la Casa Blanca. Y aunque el proyecto llamado Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) debe tener el visto bueno del Senado, de mayoría demócrata —por lo que es poco probable que sea aprobado—, sirve como precedente para llamar la atención sobre este tema no menor.
En palabras del congresista Charles Eugene ‘Chip’ Roy, “este proyecto de ley fortalecería las elecciones federales al garantizar que sólo los ciudadanos estadounidenses voten”. Es un recurso que parece necesario ante la comprobada crisis migratoria en la frontera sur estadounidense como consecuencia del discurso de puertas abiertas de Joe Biden y Kamala Harris durante la campaña de 2020.
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Con más de 2,3 millones de cruces irregulares en el año fiscal 2022 y más de 2,4 millones en el de 2023, según cifras oficiales, la preocupación de los congresistas radica en que personas indocumentadas puedan influir en el resultado final. Debido a que se les permitió entrar a EE. UU. durante la Administración Biden, el temor es que los hipotéticos votos irregulares terminen beneficiando al actual mandatario para facilitar su reelección. Es que además las encuestas reflejan apenas una diferencia de 1 % en intención de voto entre Donald Trump y Joe Biden, a favor del republicano, cuya popularidad no se ha visto afectada por los procesos legales en su contra.
Usar la migración irregular para ganar elecciones
La ley SAVE propone, en esencia, dos medidas: exigir a los estados que pidan una prueba de ciudadanía (en persona) al registrar a un votante, así como pedirles que eliminen a los no ciudadanos de las listas existentes de sufragantes.
La prensa estadounidense reseña que “no hay ningún indicio de que los no ciudadanos voten en cantidades significativas en las elecciones federales”. Sin embargo, guardando las distancias, en América Latina hay precedentes de cómo la migración irregular es utilizada para conseguir votos de extranjeras con el fin de favorecer al gobierno de turno.
Por ejemplo, en el año 2004 la oposición venezolana denunció que el chavismo naturalizó a extranjeros para que votaran a favor de la permanencia en el poder del dictador Hugo Chávez en el referendo revocatorio. Finalmente, el fallecido presidente logró su cometido, aunque se desconoce el porcentaje de incidencia de dichos sufragios. El programa de naturalización comenzó seis meses antes con la meta de nacionalizar a “200.000 y un poquito más” de personas en el país latinoamericano.
Cuenta regresiva para noviembre
Si bien la ley federal exige jurar a los nuevos inscritos que, en efecto, son ciudadanos estadounidenses, lo que plantean estos congresistas republicanos es agregar un nuevo nivel de seguridad para las presidenciales de noviembre.
El representante Andrew Garbarino dijo en la presentación del proyecto de ley ante los medios que “algunas jurisdicciones, incluida la ciudad de Nueva York, se han encargado de ignorar este hecho e intentar permitir a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones locales”. Un argumento basado en la descontrolada presencia de migrantes en la ciudad, con saturación de refugios y el propio pedido de auxilio del alcalde demócrata Eric Adams, al no poder manejar esta crisis.
Así, se va allanando el camino para las presidenciales estadounidenses. Con sondeos que avizoran un estrecho margen entre los candidatos, descontento contra el actual presidente por su débil política exterior y el mal manejo de la economía, y su adversario asistiendo a tribunales por cargos que él mismo llama una “cacería de brujas” política.
