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EnglishPuerto Rico ha entrado de lleno en «modo de crisis», como lo señaló el gobernador Alejandro García Padilla, quien advirtió que la deuda de la isla es «impagable». Esto es parcialmente culpa del propio Gobierno de la isla. La mancomunidad ha acumulado una deuda más grande que su PIB como ningún otro estado lo ha hecho.
Las promesas y el gasto excesivo de los principales partidos son los responsables de la actual situación, y el Gobierno de Puerto Rico merece, sin dudas, la mayor parte de la culpa por la crisis en la que se encuentra. Por el otro, no es completamente su responsabilidad.
El Gobierno federal de Estados Unidos tiene muchas leyes que, desproporcionadamente —y muchas veces de forma inadvertida—, afectan a la isla. Políticas que tienen escaso impacto en el continente, pero con consecuencias nefastas para Puerto Rico, en parte porque es un territorio y no un estado, y por las condiciones particulares de la economía puertorriqueña. Un reciente informe sobre la isla hecho por la economista Anne Krueger y otros describe varias de estas situaciones.
Otro ejemplo notorio es el salario mínimo federal. Mientras que solo 3% de los trabajadores en el continente ganan el mínimo, un 28% de los trabajadores por hora en la isla trabajan por ese salario. El desempleo en Puerto Rico es notablemente alto, ubicándose en estos momentos en 12,4%. ¿Hay alguna razón para extrañarse? Pese a que hay muchos otros factores en juego, el salario mínimo federal es ciertamente una carga para el territorio.
La Ley Jones es uno de los casos por excelencia en los cuales un subsidio sale mal. La compleja ley, básicamente, dice que todos los barcos que se transportan bienes entre puertos de EE.UU. deben ser de propiedad y bandera estadounidense, además de contar con una tripulación de ese origen. Más que nada es un subsidio a los astilleros locales: las compañías internacionales de transporte, con mejores precios y barcos construidos en el extranjero, tienen prohibido participar de una gran parte del mercado de transporte estadounidense.
Ahora, ¿cómo daña esto a Puerto Rico? Debido a los costos más altos de transporte en la isla, las importaciones son más onerosas; y la mayoría de los bienes que ingresan a la isla son importados. Por ejemplo, la mayor parte de la electricidad en la isla es generada importando petróleo. Problemas similares enfrentan lugares lejanos, como Hawaii o Alaska. Al intentar subsidiar la construcción de naves, la Ley Jones, inadvertidamente, incrementa el costo de vida para millones de personas en varios territorios y estados.
Más allá de cómo termine la actual situación con la deuda, las leyes federales deben modificarse para evitar que se repita este proceso
La lista sigue. Las regulaciones ambientales combinadas con los factores geográficos y un pobre mantenimiento de la red eléctrica, hacen que las tarifas sean altas, incluso frente a otros países caribeños. El gasto en los programas de salud Medicaid y Medicare cumple un papel principal en los problemas fiscales del territorio. Cerca de 60% de los residentes de la isla pagan los servicios de salud mediante esos programas, y estos desembolsan a los médicos pagos menores de los que se reciben en el continente. No es sorprendente que esto haya causado que muchos profesionales de la salud abandonen la isla y lleven adelante su práctica profesional en cualquier otro lugar de Estados Unidos.
Además, Puerto Rico ha sido durante mucho tiempo un refugio fiscal para las compañías farmacéuticas, gracias a un crédito especial del código tributario. Al beneficio se le dejó, correctamente, vencer hace una década, pero la isla recibió el impacto cuando las empresas empezaron a cerrar.
Desde el inicio, el crédito fiscal estaba equivocado, ya que alentaba a las compañías a asentarse en la isla solo para aprovechar sus ventajas. La economía local sufrió por las políticas de Washington. Esto es un liso y llano caso de amiguismo, y el pueblo de Puerto Rico terminó atrapado en el medio.
Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer el Gobierno federal para resolver los problemas que causó? Más allá de cómo termine la actual situación con la deuda, las leyes federales deben modificarse para evitar que se repita este proceso dentro de algunos años. La derogación de subsidios como la Ley Jones sería un buen comienzo, y la reducción del salario mínimo federal a una tasa más acorde a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte ayudaría a que más personas pudieran conseguir un empleo.
Sin embargo, los mayores beneficios podrían derivar de una respuesta definitiva al estatus político del territorio. Muchos de los problemas que enfrenta la isla surgen del limbo en la que se encuentra: no es independiente, ni es un estado de la Unión Americana.
La primera posibilidad le permitiría a Puerto Rico ejercer su total autodeterminación, con los costos y beneficios que implican dejar ser parte de Estados Unidos. La estatalidad, por el otro lado, le otorgaría representación en el Congreso, permitiéndole al Gobierno local llamar la atención sobre los problemas particulares que enfrenta la isla. Ahora mismo, son otros quienes dirigen el destino de Puerto Rico.
El peso de las regulaciones que sienten los puertorriqueños es tan solo una nota al margen en Washginton. La respuesta a la «cuestión de la independencia» podrá no ser importante, pero el actual estatus de Puerto Rico es un problema que sus residentes deberán eventaulmente enfrentar. Lo mejor que podemos esperar es que la decisión llegue más temprano que tarde.
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