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Con el nuevo enfoque del Ministerio de Capital Humano, que dejó de lado la financiación a las «organizaciones sociales», se confirmó lo que todos sabíamos: no eran más que «cáscaras» para el desvío de fondos públicos. De esta manera, el kirchnerismo consolidaba diversas estructuras que, mediante la extorsión, daban apoyos políticos y una falsa «paz social». Tampoco era ningún secreto que el «Polo Obrero» no tenía obreros, pero las pruebas de la corrupción fueron tan burdas que los implicados están ofreciendo dinero al Estado como compensación, para evitar ser procesados por corrupción y malversación de fondos.
El empresario Leandro Kleberis, que está relacionado con una causa de estafa al Estado mediante la utilización de recibos falsos, hizo una insólita propuesta a la justicia para evitar el procesamiento. Su planteamiento fue hacer una especie de «reintegro» al actual Ministerio de Capital Humano de 88 millones de pesos. Es decir, casi 63.000 dólares. Sin embargo, como corresponde, su particular iniciativa fue rechazada.
Esta tarde, la Cámara Criminal y Correccional Federal, en la Sala 1 a cargo del juez Sebastián Casanello, consideró que el mecanismo propuesto era «inadmisible», por lo que Kleberis deberá afrontar el proceso con el resto de los acusados del Polo Obrero, como el piquetero Eduardo Belliboni.
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Durante los años del kirchnerismo, la malversación mediante facturas y recibos era uno de los mecanismos más comunes de defraudación al Estado. La corrupción era tan grande que ni siquiera se ocupaban de percibir bienes y servicios por los importes facturados, aunque estuvieran «inflados», como suele hacerse en las maniobras de corrupción. El desmanejo era tal, que se presentaban recibos que directamente no tenían correlato en los prestadores y proveedores.
Estas desprolijidades no se limitaban a las mal llamadas «organizaciones sociales» como el Polo Obrero. Uno de los tantos problemas que tuvo con la justicia el exvicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou estuvo relacionado con la presentación de viáticos falsos de gastos en hoteles, mediante facturas apócrifas. Cuando se realizaron auditorias se corroboró que los gastos que la comitiva le rendía al Estado no coincidían con los papeles que tenían los establecimientos. Eso hacían. Robaban a lo grande, mediante empresas creadas para realizar la obra pública, pero también cometían estos delitos de ratero de poca monta.
El empresario que ofreció el monto en cuestión –que sería equivalente al importe de dos facturas que se sospechan de ser falsas– recibió una respuesta lapidaria por parte de la justicia: el argumento del juez señala que el actual Ministerio de Capital Humano no es el único perjudicado por la supuesta estafa. Al tratarse de fondos públicos, cobrados mediante impuestos a la ciudadanía, el magistrado consideró que los contribuyentes también habían sufrido un perjuicio con la maniobra.
Aunque el proceso está en marcha, si uno de los imputados quiso devolver el dinero para evitar el juicio, no hay que ser adivino para saber cómo terminará la historia.
