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Argentina normalizó –lamentablemente– que Cristina Fernández de Kirchner ostente una fortuna multimillonaria, con la mera excusa de haber sido una exitosa abogada, aunque nadie ha visto su título ni tampoco se le conoce ninguna causa donde haya servido como letrada. En una oportunidad, ella también dijo que, con su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, tenía un buen pasar antes de entrar en la vida política. Sin embargo, el mismo exmandatario, en su época de gobernador, aseguró ante las cámaras que solamente tenía «un terrenito de 27000 pesos».
Luego de haber sido condenada por malversación de fondos públicos en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 dictaminó que la expresidente y Lázaro Báez deben devolver casi 685.000 millones de pesos. Si la fortuna descomunal de la familia Kirchner resulta incomprensible, lo mismo sucede con el multimillonario Báez. El también condenado era un empleado bancario en Santa Cruz al momento en que Néstor Kirchner se hizo con la Presidencia en 2003. Ese año, el señalado de testaferro del expresidente fundó una empresa constructora, a pesar de no haber tenido nunca ninguna experiencia en el rubro. Curiosamente –o no tanto–, Austral Construcciones se convirtió en la receptora de casi toda la obra pública en Santa Cruz. Para cuando CFK dejó la Presidencia en 2015, tanto él como la exmandataria eran multimillonarios.
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Para la justicia argentina, si los condenados se enriquecieron ilegalmente con el mal manejo de recursos de la obra pública, es lógico que ahora tengan que devolver el dinero mal habido. Cuando Cristina Kirchner recibió la condena y la prisión domiciliaria, ella tenía varios bienes en Buenos Aires y Santa Cruz para escoger donde quedarse. Eligió una propiedad en el barrio de San Telmo, que ahora oficia de epicentro político kirchnerista. Habrá que ver qué propiedades entrega y qué le queda disponible, ya que tiene que retornarle al Estado argentino una verdadera fortuna.
La cifra fue actualizada por los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia y ahora el tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes del decomiso. Se les dará prioridad a los que están en poder de los condenados y de las sociedades que están identificadas dentro de las maniobras consideradas delictivas.
La Corte Suprema de Justicia fue notificada por el tribunal y ahora se determinará el destino de los inmuebles, según la reglamentación. Quedó establecido que la finalidad del decomiso es «la reparación del daño causado a la administración pública y a la sociedad». En la resolución se aclara que la Fiscalía tiene la facultad de encontrar nuevos bienes que pueden ser decomisados durante la ejecución de la sentencia.
Esta decisión del tribunal contra Cristina Kirchner se fundamentó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción que establecen la necesidad de la recuperación de los bienes obtenidos que hayan sido producto de maniobras ilícitas en causas de corrupción confirmadas por la justicia de los países miembros.
