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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en la última edición de su congreso partidario que tiene “el compromiso de abolir la prostitución, que esclaviza a las mujeres” en su país. Su fundamento tiene que ver con que un número importante de ciudadanos españoles aseguró haber estado alguna vez en su vida con una prostituta y que la trata de personas existe. Sin embargo, la creencia de que de la mano de la prohibición gubernamental se logrará exterminar tanto la oferta como la demanda, es una estupidez que se corrobora, no en este rubro, sino en todos los mercados existentes.
A la hora de debatir la cuestión de la prostitución, muchas posiciones principistas irrumpen en el debate, varias con argumentos respetables. Por un lado, la defensa de la libertad individual, que respeta a la persona que desea ofrecer servicios sexuales (como cualquier otro) y el derecho del contratante. También está presente en el debate el drama de la trata de personas, que debería escandalizar y generar gran preocupación. Sin embargo, más allá de estos dos puntos incuestionables, existe otra posición que busca justificar la prohibición de la oferta y la represión de la demanda, justamente por el problema de la trata. Es decir, el drama de las mujeres que son obligadas a prostituirse por redes de explotación. Y aquí es donde es necesario abrir la discusión.
El PSOE, en alianza con el izquierdista Podemos, lleva en su agenda (en sintonía con muchas fuerzas mal llamadas “progresistas”) la erradicación de la prostitución, con el argumento de que las mujeres (como si no existieran hombres en el rubro, o si para estos aplicaran otras reglas) no pueden elegir libremente el oficio “más viejo del mundo”. A pesar de que miles de prostitutas defienden su ocupación todos los días, ellas son invisibilizadas por la moralina de izquierda que pretende decidir por las mujeres a las que subestima. Pareciera que las que no comparten la agenda de izquierda feminista proaborto y antiprostitución, directamente no son mujeres. Una especie de obrero desclasado sin conciencia de clase para el marxismo tradicional, del que el feminismo actual no es más que una rama contemporánea.
La paradoja es que, como ocurre con el mercado negro de las drogas y el narcotráfico, cuando algo que tiene demanda se reprime, el negocio, en lugar de desaparecer, cae en manos de las mafias que pueden ejercer la violencia y corromper a la política, la policía y la justicia para poder seguir operando. El fenómeno se repite de manera idéntica en todos los países del mundo.
Sánchez, haga lo que haga, no podrá jamás “erradicar” la prostitución en España. Simplemente porque hay oferta y hay demanda. Lo que sí puede hacer es despenalizar y liberar el oficio, para desarmar a las mafias que operan en la clandestinidad y cuentan con los recursos y la impunidad para presionar, extorsionar y hasta esclavizar mujeres que son víctimas de la trata de personas. Claro que no todas las mujeres que ejercen la prostitución en países donde está penalizada son víctimas de estas redes. Sin embargo, sí son víctimas de otros dramas como los de la policía corrompida, a la que usualmente deben sobornar y hasta darle de forma gratuita sus servicios para que las dejen trabajar en paz. Es decir, todo lo que ocurre bajo la prohibición es negativo.
También puede reconocer el derecho de las mujeres que deciden dedicarse a ese oficio, desarmándoles las mafias que operan con la trata de personas o el problema de la policía corrupta, para ampararlas en sus derechos con toda la protección del Estado.
Si Sánchez avanza en la dirección que promete, en lugar de erradicar la prostitución para terminar con la trata, terminará incrementando la problemática que justamente pretende combatir.
