Argentina suele convertirse en tierra de nadie, mejor dicho, en tierra de los prepotentes que suelen gozar de total impunidad. Por cualquier motivo se cortan rutas, calles, se toman empresas o se ocupan escuelas. Considerando las agrupaciones de izquierda detrás de los acontecimientos, suele resultar evidente que las intenciones de las acciones son siempre políticas.
Lo que usualmente genera indignación en la sociedad, e incluso enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, es la inacción total por parte de las autoridades. En lugar de liberar los caminos o restablecer el funcionamiento de una institución, cuando los oficiales se presentan lo único que hacen es evitar conflictos posteriores. Pero todo queda detenido hasta que terminen las negociaciones políticas.
Ahora, en el marco del debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso, grupos de estudiantes decidieron tomar las escuelas como forma de expresión y apoyo a la ley. No importa si el proceso parlamentario de la ley en cuestión permitió que los diferentes puntos de vista sobre el tema se hayan presentado en el Congreso. Las estudiantes decidieron ocupar las escuelas, mostrar sus pañuelos verdes y todo es tomado con normalidad.
La escuela que decidió comenzar con esta locura fue la de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, ubicada en Parque Avellaneda (Buenos Aires). Ante la permisividad y la publicidad de medios y redes sociales la idea fue replicada. Siguieron la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Escuela Normal Superior número 6 “Vicente López y Planes” y el Julio Cortázar. La Facultad de filosofía y letras también decidió sumarse a la manifestación y tomar el establecimiento.
Acusaciones cruzadas
Para cuando los centros de estudio tomados fueron nueve y la situación no podía seguir siendo ignorada, la funcionaria de Gobierno que dio la cara fue Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Para Acuña no es culpa de las autoridades políticas y policiales municipales y apuntó contra la justicia:
“Es un disparate que haya una justicia que no nos permita tener un procedimiento para actuar en una situación de toma. Esto sucede cada vez que queremos hacer un procedimiento para que los adultos responsables de la escuela pueden actuar. La justicia nos lo impide”, resaltó.
Para la ministra “no hay medida legítima que avale una toma” y acudió a la responsabilidad de los padres de los jóvenes, a los que convocó a hacerse presentes y “manifestar su postura”.
Expuestas en televisión
El periodista Eduardo Feinmann, que suele enfrentarse a los manifestantes de esta clase de acontecimientos, expuso en su programa el pobre conocimiento de las alumnas en cuestión. La entrevista con este grupo de alumnas permitió visibilizar el nivel nulo de preparación de las jóvenes que interrumpieron impunemente el funcionamiento en las escuelas secundarias.
https://www.youtube.com/watch?v=u-aOaENhS1k
Una solución civilizada
Aunque a simple vista, en la discusión entre la ministra y la justicia, el sentido común le de la razón a Acuña, lo cierto es que habría una solución superadora a la que requiere hoy la política. Los marcos reglamentarios deberían ser independientes para cada institución educativa y que cada una decida en forma autónoma su reglamento. Si una escuela no permite las tomas, y los padres eligen ese establecimiento, el rol del Estado (que se financia mediante los impuestos de los administradores, maestros y padres en cuestión) es el de hacer cumplir el contrato. Cuando la política y la justicia debaten normativas para todos los centros de estudio queda de lado el proceso virtuoso de la competencia, que permita percibir diferentes modelos y sistemas.