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Prácticamente no existe ya una sola actividad en Argentina que no se encuentre intervenida por el Estado. Ya sea para regularla, confiscarla con impuestos abusivos o para el regalo de jugosos subsidios a determinados personajes.
El cine nacional no es la excepción. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es una entidad que, a pesar de estar orgullosa del cine argentino, dice que hay que subsidiarlo porque de otra manera no existiría.
Luego de la desvinculación de su anterior titular, Alejandro Cacetta, (por supuestas irregularidades) se instaló un debate sobre si el organismo es o no estatal y si se financia o no por medio de impuestos.
Desde el clásico espacio izquierdista se generó una corriente de opinión dispuesta a volcar el debate hacia la idea de que se trata de un ente “autárquico” no estatal, y que se “autofinancia”, como si consiguiera los recursos de forma autónoma y voluntaria.
Lo cierto es que ante el mínimo análisis es claro que el INCAA sí se financia por impuestos y que el uso de sus recursos hace que se comporte con los peores incentivos del sector público, aunque se haga énfasis en el término que referencia su autarquía.
Desde los partidarios del INCAA se ha escuchado que lo que se busca con estos cambios es «desfinanciar» el cine y desde el gobierno salieron culpsosos a negar esa situación.
Lo que se denomina como financiación en realidad es un privilegio que debiera ser eliminado. Los recursos en una economía basada en la libertad se asignan según las preferencias de las personas, y por consecuente, de las inversiones que otras realizan para satisfacer la demanda. Todo proyecto requiere financiación y eliminar el INCAA sería dejar en evidencia que proyectos la sociedad considera que deben realizarse y cuales no.
Si el día de mañana se inventara una Ley que otorgue un financiamiento a los cantantes de tango y que los fondos serán producto de un 10 % de lo que se pague para ver cada concierto musical de cualquier género en el país, y décadas después alguien propone eliminar este recurso deberíamos hablar de la quita de un privilegio sectorial en lugar de “desfinanciamiento”.
Quienes financian y desfinancian dentro de la sociedad civil, a diferencia de los entes estatales, son las personas que deciden dónde gastan su dinero. Si los defensores del INCAA desean mantener sus privilegios como cineastas, al menos deberían ser honestos y defender el recurso que los financia y aceptarlo como es en lugar de reiterar que “no se financia con impuestos”. De la forma en que funciona, la “autarquía” es solo para elegir como se gasta el dinero, ya que las personas que aportaron jamás fueron consultadas al respecto.
Para analizar la cuestión impositiva es necesario separar las dos formas de asignación de recursos en la economía: las correspondientes a las transacciones libres, es decir cuando uno compra o vende un producto y las asignaciones de recursos coercitivas, que son el cobro de impuestos y la asignación de esos recursos bajo la discrecionalidad gubernamental. Para asegurar que “el INCAA no se financia por impuestos” tendríamos que estar en la situación que los recursos que maneja son de procedencia voluntaria. Lo cierto es que no lo son. Si una persona desea ir al cine, no puede evitar “colaborar” con el 10 % de su ticket al organismo y si una empresa decide poner una sala, no puede evitar tampoco cobrar ese monto destinado al instituto en cuestión. ¿Por qué no deciden eliminar la coerción y financiarse mediante la voluntariedad de las personas que van a ver películas nacionales como extranjeras? Porque los beneficiarios del instituto especulan que libremente no conseguirían los recursos a los que acceden hoy.
Cuando se reemplace este impuesto (porque es un impuesto) por una alcancía en cada boletería podrían argumentar que el INCAA no se financia mediante impuestos.
Cabe destacar que los términos “impuestos” e “impositivos” no se limitan a mi interpretación económica y filosófica, sino que están presentes en los documentos oficiales de la página web del INCAA y en los documentos oficiales que lo regulan.
“El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron que no se eliminará el impuesto del 10 % a las entradas a las salas con que se financia en parte la producción de películas”, destaca uno de los últimos comunicados de la entidad.
“De pronto vos querés ir a fondo con los cambios, pero te encontrás con una montaña de expedientes raros, llamativos, pasajes”, reconoció el mismo ministro de Cultura Avelluto a la hora de justificar la remoción del extitular del INCAA.
Lo cierto es que esa circunstancia tiene más que ver con el manejo de fondos políticos que con el uso de dinero para la industria cinematográfica. Corto sería el debate si terminara en un funcionario en particular. Esos manejos que bien denuncia el Avelluto son inherentes a la discrecionalidad de un instituto que asigna recursos que no son propios ni responden a inversores con nombre y apellido, sino a un botín político.
No hace falta “robar” falsificando un documento para cuestionar el funcionamiento de los entes paraestatales como el INCAA. Basta con cuestionar a quién se le asigna un subsidio, a quién se lo rechaza, con qué parámetros y de donde salió el dinero.
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Si bien durante el fin de semana trascendieron cientos de mensajes por redes sociales diciendo que sin INCAA no existiría el cine nacional, esto es una falacia. La cinematografía argentina existía antes del instituto y sobrevivirá luego de que el país decida en un futuro, en un acto de sensatez, eliminarlo.
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