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EnglishEl pasado miércoles, lo que pretendía ser una protesta pacífica para demandar la liberación de cuatro estudiantes y exigir soluciones ante los problemas más críticos el país, se convirtió en una masacre, dejando un saldo de tres fallecidos y más de 30 heridos. Hasta el momento, el gobierno sólo ha culpado a los líderes de la oposición y a los manifestantes por la violencia y las víctimas.
Tras una semana de protestas estudiantiles en las principales ciudades del país, representantes estudiantiles, junto a líderes de la oposición como la diputada María Corina Machado y el coordinador nacional del partido Voluntad Popular Leopoldo López, invitaron a las personas a unirse en una protesta de escala nacional. En Caracas, la actividad estaba programada a comenzar en Plaza Venezuela y culminar en la Fiscalía General.
Una vez que la marcha llegó al destino pautado, la mayoría de los manifestantes se fueron. Sin embargo, un grupo más reducido decidió quedarse en frente del edificio gubernamental hasta que los estudiantes, quienes estaban detenidos en Táchira y Mérida, fueran liberados.
Leopoldo López denunció la ausencia de cuerpos policiales para proteger a la marcha, y la llegada de un grupo más pequeño que el identificó como infiltrados. Aparentemente, este grupo pequeño comenzó a atacar las instalaciones e iniciar los disturbios. Estudiantes también denunciaron que un grupo armado de tendencia chavista, conocido como Tupamaros, se acercó a los manifestantes, y comenzaron a dispararles.
Un estudiante de primer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt, Bassil Alejandro Da Costa (24 años), fue el primer fallecido tras recibir un tiro en la cabeza. Uno de sus compañeros, cuya identidad prefirió mantener anónima, explicó que “el disparo provino de la esquina Tracabordo. Allí estaban tres tipos enchaquetados que empezaron a disparar. No sabemos si eran policías o qué. Nosotros estábamos lanzando piedras y nos cayeron a tiros. El chamo cayó justo a mi lado”.
Tras la muerte de Da Costa, la violencia en las calles de Caracas aumentó. Hombres encapuchados destruyeron parte de la Fiscalía General, incendiaron vehículos policiales, quemaron basura en las calles y comenzaron a lanzar objetos a oficiales de policía.
En ese momento, Douglas Rico, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) declaró “hay solo un muerto”. Cuando le preguntaron el número de heridos, Rico sólo respondió “de todo un poco”.
Oficiales de policía respondieron con mayor violencia, disparando y agrediendo físicamente con patadas y golpes a estudiantes desarmados. Desde ese momento, las autoridades procedieron a llevar a cabo detenciones masivas. El Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres anunció que la lista de detenidos ya llegaba a 80, incluyendo a dos periodistas que cubrían los eventos violentos después de las protestas.
Sin embargo, ONGs como Foro Penal Venezolano sostienen que el número de detenidos es mucho más alto. Actualmente, la ONG se encuentra en proceso de recaudar la información, a través de lo reportado en las redes sociales, el número de detenidos y de estudiantes desaparecidos.
Una hora después, miembros de un colectivo chavista llegaron al hospital La Arboleda, con uno de sus compañeros herido por una bala en la cabeza. El nombre del fallecido es Juan Montoya, funcionario de policaracas y miembro de la milicia del 23 de Enero. En el 2008, Montoya había enfrentado cargos por terrorismo y había sido acusado de ser el autor de una explosión en el edificio de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras).
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció los ataques violentos, pero sólo se refirió a la muerte de Montoya, sin ni siquiera hacer mención a la muerte del estudiante. Cabello declaró que Montoya había sido asesinado por grupos fascistas, y expresó “desafortunado el asesinato de un cuadro combatiente de la revolución bolivariana (…) Fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso (…) El asesinato del camarada Juancho no va a quedar impune”.
Cabello también acusó a Leopoldo López como el autor responsable detrás de los grupos violentos del día de ayer.
Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro dio instrucciones a fuerzas de seguridad para prohibir cualquier tipo de protestas por parte de los “grupos fascistas”. Enfatizó que a partir de ahora, cualquier grupo que desee protestar en Venezuela, tendrá que pedir permiso al gobierno antes de proceder.
A las 8:15 p.m. EST, el Alcalde de Chacao Ramón Muchacho — municipalidad de Caracas — confirmó la tercera muerte: Roberto José Redman Orozco, de 28 años. También murió de un impacto de bala en la cabeza, perpetrado por motorizados armados que pasaron por los disturbios. Un manifestante que estaba en la escena explicó que unas personas comenzaron a disparar a los estudiantes desde la vieja sede del Ministerio de Infraestructura.
Durante todo el día, el número de fallecidos y detenciones sólo eran reportados a través de redes sociales, ya que todos los canales básicos de televisión transmitían el acto político del oficialismo. Aquellos que disponían de televisión por satélite, podían sintonizar el canal colombiano NTN24, el único que suministraba imágenes e información acerca de la violencia que se llevaba acabo en los disturbios.
No obstante, finalizando la tarde, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en Venezuela canceló la transmisión de NTN24, sacándolo por completo de la parrilla de canales.
El sindicato nacional de trabajadores de prensa de Venezuela rechazó esta medida y afirmó “esto solo incrementa la censura y la autocensura en los medios”. Liliana Guerrero, presidente de la Federación de Centros Universitarios, expresó al PanAm Post, “la gente en las redes nos ha apoyado muchísimo. Para nadie es un secreto que a los medios en este país se les tiene permitido hacer ese tipo de demostraciones, pero aun así por las redes, la gente ha estado pendiente, y es la única manera que hemos tenido para dar a conocer la situación real de lo que sucede en las marchas”.
López, el líder de la oposición, hizo responsable al gobierno por haber enviado grupos armados a atacar a los manifestantes. También denunció que hubo personas infiltradas en la marcha y enviados por el gobierno para incitar la ola de violencia.
Esta no sería la primera vez que incitadores de violencia aparecen en concentraciones de oposición. La líder estudiantil Guerrero había comentado anteriormente al PanAm Post, “estamos claros de que siempre hay infiltrados en las manifestaciones”.
El pasado miércoles en la noche, la jueza Ralenys Tovar Guillén dio orden para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para registrar la residencia de Leopoldo López. Al líder opositor se le acusa de conspiración, asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo.
