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La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asignó nuevas sanciones a la la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna) así como a la fiscal Ana Julia Guido y al secretario de Presidencia Paul Herbet Oquist Kelley. Se trata de un esfuerzo del gobierno estadounidense por «apuntar a operaciones financieras clave y funcionarios gubernamentales que continúan socavando la democracia de Nicaragua». La acción fue tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 sobre el «Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua».
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, afirmó que «el régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del gobierno para beneficiar las ganancias personales de sus funcionarios e ignorando los llamados a una reforma por parte del pueblo nicaragüense». Estas últimas sanciones dictadas a funcionarios del gobierno de Ortega vienen tras la imposición de sanciones impuestas a su hijo y a dos empresas a su nombre en julio de este año por lavado de activos.
«Esta administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a aquellos que permiten su abrupta corrupción», enfatizó el secretario del Tesoro. La última sanción se añade a un conjunto de 14 sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios de la administración de Daniel Ortega.
La cooperativa al servicio de Ortega
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional ha servido como herramienta a Daniel Ortega para desviar dinero de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) por el valor de 2 500 millones de dólares en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de coimas en Nicaragua.
Albanisa es una entidad nicaragüense copropiedad de Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. y de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). En 2017, la administración de estas carteras se transfirió de Caruna a Bancorp. En abril de 2019, poco antes la OFAC sancionó a Bancorp, la administración fue transferida nuevamente a Caruna. Al Igual que su filial salvadoreña, Alba Petróleos, estas empresas fueron parte de una operación del régimen chavista para lavar dineros del narcotráfico y pagar favores políticos a través de PDVSA y sus filiales.
Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias de PDVSA. Los funcionarios del régimen de Ortega, incluidos los sancionados por la OFAC, estarían aprovechando la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y otros activos para lavar sus fortunas a través de esta cooperativa.
Ana Julia Guido De Romero, la fiscal de Ortega
Ana Julia Guido Romero asumió desde 2007 como fiscal adjunta del Ministerio Público, en un plan para la captura de las instituciones del Estado nicaragüense por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Siete años después, Ana Julia Guido fue nombrada fiscal general y desde entonces organizó e implementó una estructura de persecución penal claramente subordinada a los intereses del FSLN.
Según el departamento del tesoro, Guido montó «un grupo de fiscales que trabajaron con la sancionada Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”. El comunicado del Departamento del Tesoro precisa: “De acuerdo con los reportes, esta unidad se ha usado los últimos dos años para llevar casos contra presos por protestar pacíficamente, incluyendo los aguadores que fueron detenidos por llevar agua a las madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, en 2019”.
Paul Herbert Oquist Kelley, el secretario privado de Presidencia
Desde 2013, Paul Herbert Oquist Kelley es secretario privado de Daniel Ortega, quien ha sido objeto de revuelo internacional por considerar los Acuerdos de Paris demasiado laxos y alargar la audiencia por las duras posturas de Nicaragua.
Según el Departamento del Tesoro, Oquist es responsable de «esparcir desinformación para cubrir los crímenes y horribles violaciones a los derechos humanos por parte del régimen». Oquist, como representante del Gobierno nicaragüense, ha difundido información falsa sobre la dictadura de Ortega» en numerosas entrevistas en medios anglo-parlantes y a representantes extranjeros» con el propósito de «justificar los abusos del régimen».
Las Sanciones
El Departamento del Tesoro por último se permitió informar que:
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
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