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“Todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, que no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas hasta el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 5 de la tarde”, anunció el jueves la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un comunicado.
La providencia de la CSJ de Colombia se tomó acorde con la decisión de concederle el derecho de impugnación al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, tras el hecho de que la Corte Constitucional confirmara que éste es un derecho incluso para personas que ostentaron cargos ministeriales como Arias.
Esta decisión abre las puertas para que aquellas personas condenadas por la Sala de Casación Penal de la CSJ —durante las fechas indicadas— puedan impugnar su condena y apelar a una segunda instancia. También podrían apelar personas que solo hayan sido condenadas en primera instancia por Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar; a pesar de la providencia de la CSJ, esta medida es solo para aquellos casos que no hayan contado con la oportunidad de ejercer el derecho a la doble conformidad.
La CSJ también enfatizó que esta medida solo cobijaría los casos posteriores al 30 de enero del 2014, es decir, que esta medida no cobijaría a personas que fueron condenadas antes de esa fecha, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la impugnación de sentencias de única instancia como un derecho.
Tres exdirectores del DAS podrían verse beneficiados de la medida, comenzando por María del Pilar Hurtado quién fue condenada a 14 años de cárcel por el caso de las chuzadas del DAS a la CSJ. Le sigue, Miguel Maza Márquez quien fue condenado por la sala penal de la CSJ a 30 años de cárcel por su complicidad en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán; y finalmente Jorge Noguera condenado a siete años y 10 meses de prisión por su participación en las interceptaciones a la CSJ.
El hermano del exalcalde de Bogotá, Iván Moreno también podría verse acogido por esta medida. Iván Moreno se vio condenado a 14 años de prisión por su participación en el Carrusel de la Contratación liderado por su hermano. El exministro del Interior y político conservador Sabas Pretelt, condenado por el llamado caso de Yidis Política es otro que se podría ver beneficiado por la medida.
Figuras como Ciro Ramírez Pinzón condenado por parapolítica; Lucas Gnecco el exgobernador del Cesar; Salvador Aran, exgobernador de Sucre y condenado por homicidio por la CSJ; y Mario Uribe primo del expresidente Uribe y condenado por parapolítica por la CSJ; quedarían por fuera de esta medida por haber sido condenados antes de la expedición del concepto de la CIDH.
Por último, frente al impacto que pueda generar esta providencia respecto al volumen de trabajo, la Sala dispone remitir copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, la presidencia de la República y los ministerios de Justicia y Hacienda, para que, en el marco del principio de colaboración armónica, dispongan en coordinación con la Corte Suprema de Justicia “lo necesario para adelantar el diagnóstico y proveer los recursos necesarios para garantizar la buena marcha de la administración de justicia”, en el cumplimiento de esta determinación.
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