Hablar de elecciones libres y transparentes en Venezuela bajo la dictadura chavista es cuando menos una ingenuidad. Después de la muy cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2018 en unos comicios sin participación de la oposición por haber sido celebrados de manera irregular por un árbitro carente de legitimidad, el régimen no tuvo problema en permitir la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) con una directiva que intentaba mostrar un aparente equilibrio. El interés cambió. Ahora la dictadura necesita un ente comicial que espante el voto opositor y para ello puso en marcha su plan A: forzar una “renovación” que le permita designar rectores abiertamente vinculados con el chavismo para aumentar la desconfianza. Basta con ver que entre los integrantes del comité que escogerá esta nueva directiva está nada menos que Cilia Flores, esposa de Maduro.
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Fue así como el pasado 15 de junio, los rectores principales cercanos al oficialismo presentaron su renuncia en conjunto para facilitar la maniobra ideada en los pasillos del Palacio de Miraflores. Y acto seguido, a las pocas horas la Asamblea Nacional chavista aceptó dichas dimisiones y designó la comisión preliminar del Comité de Postulaciones. Pero la “renovación” no será solo de los cargos que quedaron “vacantes”, ya que la tarea encomendada a la mencionada instancia parlamentaria fue la de “seleccionar a la totalidad de los rectores principales y suplentes”, tal como lo denuncian hoy dos miembros de esta directiva, quienes aclaran que en sus casos se está aplicando una “remoción”, ya que nunca han renunciado.
El “desmantelamiento” del CNE
En una carta pública divulgada en las redes sociales, los rectores suplentes del CNE, Griselda Colina y León Arismendi, aseguran que lo que está ocurriendo con el órgano electoral es un “desmantelamiento” con el propósito de “sembrar desesperanza y desconfianza en torno a la ruta electoral y el derecho a la democracia”, calificando la renuncia de los rectores oficialistas como una “excusa” para crear “un vacío en el seno de dicho cuerpo”, lo que obligaría al resto a dimitir o ser removidos.
En momentos críticos para el país y frente a acciones que pretenden sembrar desesperanza y desconfianza en torno a la ruta electoral y el derecho a la democracia en #Venezuela, junto a @Leonarismendi compartimos una carta abierta al país con nuestra postura y compromiso. pic.twitter.com/Fqrc7fIs7z
— Griselda Colina (@GrisColina) July 6, 2023
“Aunque no hemos renunciado a nuestra condiciones de rectores suplentes del CNE, la referida medida de la AN constituye una remoción de hecho”, expresan en la misiva. El objetivo de esta maniobra lo plantean claramente: “Todo indica que lo que se pretende, con tal arbitrariedad, es torpedear la posibilidad de que el país continúe avanzando en la construcción de una institucionalidad equilibrada del órgano electoral”.
Inhabilitaciones como parte de la misma maniobra
Si bien el CNE ha sido visto durante toda la era chavista como una oficina controlada por el régimen, Colina y Arismendi consideran que el directorio que está cesando sus funciones “fue reconocido como el cuerpo electoral más equilibrado en los últimos 15 años”.
En cuanto al plan B de la dictadura, que es la ya habitual maniobra de las inhabilitaciones, los rectores suplentes advierten que forman parte, junto con la selección de los integrantes del Comité de Postulaciones, de esa intención de “torpedear” el derecho al ejercicio de la democracia.