EnglishLas leyes de salario mínimo son políticamente sacrosantas: los políticos que se oponen a incrementar el salario mínimo cometen suicidio político. Los votantes presumen que las leyes de salario mínimo son necesarias para asegurar que los trabajadores –especialmente los adolescentes, y minorías– obtengan ingresos dignos sin ser explotados por capitalistas avaros. Reflejando este sentimiento, el presidente Obama, en su discurso del Estado de la Unión del 2013, propuso incrementar el salario mínimo federal a $9.00 la hora, señalando que “este paso eleva los ingresos de millones de familias trabajadoras”. Un ideal loable, pero ¿producen las leyes de salario mínimo los resultados deseados?
Como humanos, nos distinguimos porque sobrevivimos no por el filo de nuestros colmillos o garras, sino por la agudeza de la mente, atributo que no parecemos utilizar cuando pensamos en las leyes de salario mínimo. La cruel ironía es que esas leyes perjudican mayormente a esos segmentos de nuestra sociedad que tratamos de ayudar: los pobres y jóvenes sin experiencia laboral.
Intuitivamente, todos entendemos el principio fundamental de la economía de que cuando el precio de cualquier cosa se incrementa la cantidad demandada de ese producto o servicio decrecerá. La tasa del salario es el precio de la fuerza laboral; si su costo se incrementa a través de una orden del gobierno, la cantidad de fuerza de trabajo demandada se reducirá. Dicho escuetamente; el número de trabajos ofrecidos se reduce cuando el salario mínimo se aumenta artificialmente. El argumento contra el salario mínimo es diáfano y directo: incrementar el costo de la creación de empleos reduce la creación de empleos. Al escribir estas líneas puedo ya escuchar críticas indignadas, pero preguntemos: ¿Cómo ayuda al desempleado, o a disminuir el desempleo, un aumento del precio de la fuerza laboral?
Peor aún, la reducción de empleo resultante deviene permanente cuando los empleadores recurren a la tecnología para ahorrar fuerza de trabajo, o a producir en el extranjero. Es cierto, quienes mantienen sus empleos ganarán más, pero otros perderán sus trabajos o no podrán obtener ninguno cuando no se creen nuevos empleos. Muchos que viven en la pobreza están desempleados, por lo que no se benefician de un aumento del salario mínimo. De hecho, sus perspectivas de empleo se reducen. Seamos claros: establecer una ley de salario mínimo por sobre el precio de mercado de la fuerza laboral no resulta en un ingreso mayor para todos los trabajadores, sino solamente para quienes mantienen sus trabajos. Y ese incremento se realizará a expensas de quienes quedarán o seguirán siendo desempleados.
Sabemos esto, pero las leyes de salario mínimo continúan siendo populares entre los funcionarios públicos y votantes que quieren expresar su compasión por los trabajadores pobres. Una razón más cínica es que defender el incremento del salario mínimo es una vía para ganar puntos políticos sin ser responsable por un incremento de los gastos del gobierno, ya que el costo será, supuestamente, asumido por los empleadores. Sin embargo, a diferencia del gobierno, los empleadores no pueden imprimir dinero, y los aumentos de costos serán pasados a los consumidores en forma de precios más elevados, o serán asumidos por quienes pierdan o no logren conseguir trabajo.
Histéresis es un concepto que describe el retraso del efecto sobre la causa que lo produce y establece que un estado depende no solo de la actualidad, sino también de su historia previa. Cuando decretos gubernamentales establecen el precio de la fuerza laboral, sin considerar el mercado laboral, las habilidades se atrofian, las esperanzas se desvanecen y, trágicamente, el desempleo se convierte en una forma de vida. Los actuales y persistentes niveles de desempleo pueden muy bien reflejar la histéresis de nuestro apoyo irreflexivo a las leyes de salario mínimo. Hace sesenta años la tasa de desempleo de los jóvenes de 16-19 años era de menos del 8%. Hoy, tras muchas rondas de incrementos de salarios mínimos, el desempleo entre los jóvenes está sobre el 24%, y entre los adolescentes negros cerca del 40%. ¿Son las leyes de salario mínimo las responsables de haber creado esta nueva situación “normal”?
La propuesta que el gobierno puede disminuir la pobreza incrementando el salario mínimo es ilógica y deshonesta. Si el gobierno puede disminuir la pobreza promulgando un salario mínimo de $9.00 por hora, ¿por qué detenerse aquí? Elevemos el salario mínimo a $90.00 la hora y eliminemos completamente la pobreza. Esto, por supuesto, no tiene sentido, como no lo tienen las leyes de salario mínimo. No obtendremos buenos resultados implementando una mala idea. Defender un mayor salario mínimo impuesto arbitrariamente es equivalente a defender un mayor desempleo.
El artículo orginal se encuetra en la página del Nuevo Herald.