Los niños en Cuba juegan cada vez menos. Su tiempo para divertirse, estudiar, dormir y soñar con un futuro sin comunismo lo ocupan para trabajar. La miseria y la pobreza propiciada por el régimen castrista, que prometió justicia social, igualdad y una vida digna, los empujó a vender pan, verduras, limpiar jardines o botar la basura a cambio de dinero. La dictadura de la isla no lo puede negar más, pero recurre a la manipulación para intentar justificar el drama de la explotación infantil que ellos mismos detonaron.
Si bien el portal oficialista Sierra Maestra relata el caso de “Luis”, un pequeño que deserta de su aula de clase de sexto grado para vender pan en Santiago de Cuba, con el fin de ayudar a su madre y hermano de tres años, el medio insiste en que su labor informal está lejos de ser un problema.
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“En la actualidad existen algunos casos, propios de la complejidad del contexto, que ameritan ser evaluados con una mirada diferencial, como una política preventiva y de actuación efectiva”, indica el sitio aliado del régimen.
Un régimen de abusos
La narrativa es inútil. El régimen no puede esquivar el problema cuando lo propicia de distintas formas. Además de incumplir con los tratados internacionales que prohíben el trabajo infantil, la administración de Miguel Díaz-Canel comenzó a cubrir las vacantes de maestros y otras ocupaciones de sectores clave que detona la migración masiva de profesionales.
De hecho, para el año escolar 2023-2024 la dictadura vociferó la conformación de “contingentes” de estudiantes para reemplazar las faltas de personal en los centros educativos de todo el país. Es una estrategia reiterada y conocida en tiempos de “crisis” que también se replica en el sector salud. En los hospitales es común que jóvenes efectúen el control de vectores –tarea de Higiene y Epidemiología– como parte de sus prácticas laborales.
Todo ello ocurre en medio de abusos. De acuerdo con 14yMedio, el régimen “les paga menos de los salarios convencionales del sector”. Sin embargo, Sierra Maestra sólo enfoca su reporte en la presión social sobre los adolescentes para que adopte ciertas responsabilidades, entre ellas, la manutención de sus hogares.
La narrativa de las excusas
La prensa oficial manipula la información sobre la explotación infantil en Cuba. Destaca que los Comités de Defensa de la Revolución descubren los casos de trabajo infantil cuando los niños y adolescentes comienzan a registrar inasistencias inusuales en sus instituciones escolares.
Incluso, endosan a las familias la responsabilidad de la atención de los pequeños. Es absurdo pero María Vicente, quien preside la Sala de lo Civil, de lo Familiar y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular en Cuba, se escuda en que el artículo 138 del Código de las Familias regula las obligaciones de los padres en relación con sus hijos menores de edad, para enfatizar que son responsables de suministrar los alimentos, “lo que implica una protección a los niños contra el trabajo infantil”.
¿Hay trabajo en la isla? No. Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) arrojan que solo en los dos últimos años se perdieron 231.000 empleos, y de ellos 194.689 en el sector privado, número equivalente al 84 % del total. Se estima que la tasa de desempleo asciende a 40 %. El escenario es precario para las madres considerando que ahora prefieren a mujeres de mediana edad y sin hijos menores.
Explotación con disimulo
Al castrismo no le conviene que trascienden los cuestionamientos sobre las Escuelas en el Campo y el ingreso al Servicio Militar a temprana edad consideradas como formas de “explotación” en Cuba cuando el artículo 66 de la Constitución proscribe el trabajo de niñas, niños y adolescentes.
Además, el Código de Trabajo, en el Capítulo 1, señala con claridad “la prohibición del trabajo infantil y la protección especial a los jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 18 años, que se incorporan al trabajo, con el fin de garantizar su desarrollo integral”.
Al respecto, el Capítulo 5, de la mencionada protección especial, indica que sólo son “excepcionalmente autorizados a trabajar” quienes hayan finalizado sus estudios en la enseñanza profesional o de oficios, u otras razones, que así lo justifiquen”.
Quienes encajan pueden asumir una jornada laboral sin exceder las siete horas diarias ni los cuarenta semanales. Tampoco pueden trabajar en días de descanso y todos deben aprobar un examen médico que certifique su estado de salud, para determinar si está apto física y psíquicamente para el empleo.
La normativa recalca que no pueden ejercer oficios expuestos a riesgos físicos y psicológicos, ni de noche, ni bajo tierra o agua, alturas peligrosas o espacios cerrados, con cargas pesadas, en contacto con sustancias peligrosas.