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La ola de funcionarios públicos inmersos en actos irregulares en Perú parece no tener fin. Ahora, la fiscal nacional, Patricia Benavides, está en medio de un escándalo institucional por presuntamente liderar una organización criminal junto a sus tres asesores de confianza: Abel Hurtado, Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girado. A este grupo se le acusa de traficar influencias en el Congreso, con el fin de sumar apoyos a sus iniciativas pero sobre todo, para impulsar su continuidad en el puesto.
Una investigación de la Policía Nacional, en coordinación con el equipo especial contra la corrupción del poder (EFICCOP) arroja que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, buscó respaldos en el parlamento para destituir e inhabilitar a la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, por considerarla una amenaza. A su vez, se le suma el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y designar a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
De sus tres planes, ya había logrado posicionar a Gutiérrez en mayo de este año, cuando su nombre logró 88 votos a favor, 24 en contra y nueve abstenciones en el Congreso. Los otros seguían en “negociación”.
Hallazgos reveladores
Según los primeros hallazgos, Benavides faltó a su promesa de “luchar contra la impunidad sin importar días u horarios”, hecha en su juramentación en julio de 2022. En aquel momento, señaló que el ente debía “actuar con firmeza en las investigaciones penales para adoptar decisiones que demostraran a la ciudadanía la batalla contra el uso corrupto y abusivo del poder”.
Un año después, las autoridades consideran a la fiscal de Perú sospechosa de formar parte del problema por intentar perpetuarse en el cargo, a cambio de engavetar las causas por malversación y cohecho que se siguen contra varios diputados.
Patricia Benavides tenía sus pasos aparentemente claros. Con la juramentación del defensor el Pueblo y la destitución de los miembros de la JNJ, le correspondería nombrar a los reemplazantes, quienes archivarían las investigaciones que ella enfrenta en esa instancia luego de ordenar la destitución de la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides.
La magistrado era indagada por, presuntamente, liberar a narcotraficantes, recibir una condecoración de un alcalde procesado por lavado de activos, entre los motivos más escandalosos. A estos se le sumaron otras irregularidades, entre ellas algunas detectadas en sus tesis de grado y maestría.
Ahora, con nuevos rostros en la junta, también lograría sepultar las causas de parlamentarios investigados con quienes negoció apoyos. De esa manera, abonaría el camino para lograr en 2025, la reelección en el puesto por tres años más.
“Ella se está aferrando al poder al interior de la institución a pesar de que el resto de los fiscales supremos le pidió la renuncia”, asegura Víctor Reyes, periodista especializado en temas judiciales del diario El Comercio, en contacto con PanAm Post, quien descarta que la acepte de forma voluntaria.
Fue Benavides cegada por el poder
A Benavides la deslumbró “tener el control para designar jefes de las distintas fiscalías especializadas que hay en el Perú. Ella designa a los jefes de las fiscalías contra el narcotráfico, lavado de activos, actos de corrupción y derechos humanos, así como también de los equipos especiales. Todo eso le da una particular influencia y poder de decisión dentro del Ministerio Público para colocar a personas de su extrema confianza como ha venido haciendo”, indica Reyes.
Además, agrega que “si deja de ser fiscal de Nación y solo se queda como fiscal suprema pierde esa capacidad de decisión y el poder logístico y operativo”. Por ello, cree que Benavides esquivará la renuncia. Sabe que los jueces supremos no pueden removerla sino suspenderla y en ese caso, el fiscal Pablo Sánchez, quien ya estuvo en dos oportunidades en el cargo, asumiría el rol.
Todo se vino abajo
Sin embargo, el plan de la fiscal nacional de Perú se vino abajo con la infiltración de un “agente especial” entre los contactos que realizaba Villanueva, quien alardeaba de ser “el único autorizado por la fiscal de la Nación”.
Este agente entró en escena tras ser designado por el equipo policial liderado por coronel Harvey Colchado y el fiscal Freddy Niño, quien había iniciado una investigación por 36 meses, por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias contra Benavides por la escogencia de un defensor sin formación en derechos humanos.
La recopilación de los mensajes compartidos vía Whatsapp entre la figura encubierta y los asesores de la fiscal confirman que Benavides desactivó y archivó investigaciones contra los legisladores que virtualmente vendieron sus votos. Entre ellos, figuran la diputada Patricia Chirinos, del partido Avanza País, y el parlamentario César Revilla, de Fuerza Popular.
Otras evidencias también incluyen una “referencia imprecisa a representantes de Somos Perú, cuatro de Acción Popular, a la congresista María Cordero y Gladys Echaíz, de Renovación Popular”. Sin embargo, aún falta indagar sus posibles vínculos con el caso.
Allanamientos en desarrollo
El escándalo de la fiscal de Perú es grande, al dejar en palabras su condena a “la inserción de la corrupción en diversos espacios del Estado de derecho que ha generado pérdidas de 22000 millones de soles (5903 millones de dólares) por fraude al fisco”.
Ya seis inmuebles relacionados con ella en los distritos de Cercado de Lima, La Molina, El Agustino y Jesús María han sido allanados por las autoridades para encontrar elementos de convicción que apoyen a la tesis del presunto tráfico de influencias en agravio del Estado.
Benavides intenta salir al paso. Destituyó a la fiscal Marita Barreto que comanda el operativo. Una maniobra que Barreto apelará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por calificarla como un acto de persecución, hostigamiento, acoso y represalia. Por su parte, Villanueva buscó eludir la justicia ingresando a la emergencia de la Clínica San Pablo con una supuesta dolencia, pero los médicos descartaron una afección médica significativa y fue detenido al recibir el alta.
