La congregación de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, de Nicaragua, dormía cuando un comando de la Policía Nacional entró a sus habitaciones con gritos y apuntándolas. Horas después, las religiosas que residían hace siete años en el departamento León aparecieron en El Salvador.
El abuso ocurrió hace tres días, y es una práctica que el régimen de Daniel Ortega busca “legalizar” con una reforma a la Constitución que eliminará la naturaleza “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” de la institución de seguridad ciudadana para convertirla en un ente totalmente subordinado a él.
- Lea también: Ortega cada vez más autoritario: detienen a otros 63 opositores su régimen
- Lea también: Crímenes de Daniel Ortega fracturan a la izquierda latinoamericana
Con la complicidad de la Asamblea Nacional –dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL)– Daniel Ortega reformará el artículo 97 de la Constitución para establecer que “la Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de jefe supremo”, según divulga La Prensa.
Cárcel para desertores
Además de la modificación a la Constitución, la bancada de la dictadura reformará la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para incluir nuevos castigos en caso de “deserciones”.
La propuesta es que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, mientras que, “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
La disposición de Daniel Ortega pretende detener la estampida de agentes que asciende a 500 bajas en todo el país desde las protestas de 2018. Madriz –un departamento al norte de Nicaragua– es epicentro de las deserciones, al registrar 17 uniformados menos en sus cuarteles. Entre ellos se cuentan inspectores de inteligencia, suboficiales de seguridad pública, suboficiales de la comisaría de la mujer, inspectores especializados en tránsito y oficiales de información.
Estampida en todos los rangos
¿A dónde se van los policías nicaragüenses? Estados Unidos, Costa Rica y España. En ese orden buscan una nueva vida lejos del sandinismo. Los casos más representativos los protagonizan el exjefe de inteligencia Genovellio Cuadra, el comisionado general de Madriz Luis Marenco y el excomisionado Aquiles Hernández.
Hernández partió a Estados Unidos, donde también está la oficial Svetlana Tercero, quien perteneció a la Dirección de Operaciones Especiales de la policía del municipio Las Sábanas de Madriz.
También destaca el escape del excomisionado mayor Javier Martínez y la del capitán Eliseo González, destituido del cargo de jefe de seguridad Madriz por diferencias con el jefe de la policía, el comisionado mayor Luis Manuel Moncada.
Una maniobra
La Policía Nacional de Nicaragua está sancionada por Estados Unidos desde hace dos años por “servir de herramienta en la campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) la institución es “responsable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros” en medio de la “Operación Limpieza”, que dejó 100 muertes en el país.
Por la misma conclusión, Canadá y la Unión Europea sancionaron al jefe de la Policía, Francisco Díaz, quien es el consuegro de Ortega.
Frente a esto y con la dirigencia policial desmoronándose, además de anunciar que reformará la Constitución, el dictador sandinista subió de 35 años a 38 años la edad para que oficiales dados de baja se reintegren a la institución, según una circular interna del 1 de junio de 2023 divulgada por Confidencial.
¿Miedo a la insubordinación?
La decisión de reenganchar a exfuncionarios refleja tres posibles escenarios: la institución carece de personal calificado académicamente; las deserciones persisten o comenzó una reconfiguración del “círculo de lealtades”, tras las disposiciones de la comunidad internacional.
Fuentes del medio apuntan que el nombramiento del general en retiro Horacio Rocha como asesor con rango de ministro en temas de seguridad indica que la reconfiguración es la meta.
De hecho, el alto funcionario ya concretó cambios en las estructuras de mando e incluso en Aeronáutica Civil con el fin de fortalecer el área de contrainteligencia en la llamada búsqueda del “enemigo interno” para evitar la filtración de información.