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Los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), aliados del presidente boliviano Luis Arce, evitaron la censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con agresiones físicas y verbales.
La interpelación al alto funcionario del gabinete socialista en el Congreso, solicitada por la bancada de Comunidad Ciudadana para conocer los detalles legales que sustentan el operativo policial que derivó en la aprehensión en diciembre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, terminó en caos cuando los diputados oficialistas dejaron a un lado la formalidad del debate -que debe imperar en el hemiciclo- para atacar a sus pares que rechazaban los alegatos del ministro.
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Con empujones, bofetadas, puños y tirones de pelo, las fracciones oficialistas defendía al ministro que calentó la comparecencia al calificar a los legisladores opositores como “grupos radicales, ladrones, violentos que vinieron a robar la billetera del pueblo boliviano”.
DIPUTADAS A PUÑETES!!!
Bochornosa sesión de interpelación al Ministro, Eduardo del Castillo.
Las diputadas oficialistas y opositoras se agarraron a puñetes.
No hay debate, hay puñetes y sus sueldos salen de nuestros impuestos. pic.twitter.com/fmOWRQR0d5— Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) May 24, 2023
El altercado provocó la suspensión de la discusión y, tras las agresiones, 88 de los 151 asambleístas presentes en sala, votaron a favor del informe presentado por Del Castillo, descartando así la posibilidad de una censura al ministro de Estado. Para María René Álvarez, diputada de Creemos, el ministro Del Castillo detonó un clima de beligerancia con sus dichos.
Polarización más profunda
Después de los ánimos encausarse, el vicepresidente del Estado y presidente del Congreso, David Choquehuanca, determinó que convocará a los bloques políticos para pactar el cese de los enfrentamientos al interior del órgano legislativo.
Sin embargo, el incidente es un episodio más que engrosa el historial de polarización que arrastra el país a raíz de la crisis que estalló en 2019, cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, consumó un fraude electoral para ganar un cuarto mandato.
La Organización de Estados Americanos (OEA) comprobó las irregularidades en los comicios y Morales huyó a México y posteriormente a Argentina,, vociferando haber sido víctima de un “golpe de Estado”.
Ese discurso de Morales divide a la nación andina porque para la oposición, los 180 presos políticos reconocidos así por organizaciones de derechos humanos, son acusados por el oficialismo de supuestamente haber apoyado la salida de Morales y el ascenso de Jeanine Áñez para presidir un gobierno interino, pero sin evidencias que sustenten dichas acusaciones.
Una carta firmada por 25 eurodiputados de los grupos Partido Popular Europeo (PPE) Renew y no inscritos, llegó hace una semana hasta el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, donde se le solicita que interceda ante Luis Arce por los derechos de asistencia sanitaria de Camacho, quien padece una deficiencia selectiva de inmunoglobulina G y el síndrome de Churg Strauss, un trastorno caracterizado por la inflamación de los vasos sanguíneos. Hasta ahora, la petición ha quedado en papel.
