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EnglishTodos los días, según la Red organizadora del Día Nacional del Trabajador, “más de mil personas son deportadas.… [y para abril de 2014], 2 millones de personas habrán sido deportadas por el Gobierno de Obama”. El descontento de los miembros de esta organización frente a la falta de una reforma migratoria —junto a defensores de los derechos de los inmigrantes y de quienes se encuentran en este arduo proceso legal— inspiró el “5 de abril Día de Acción en contra de las deportaciones”.
El activismo descentralizado está vinculado a más de 80 eventos, además del respaldo obtenido de 80 organizaciones de los Estados Unidos. Las iniciativas incluyen dos eventos en Florida — en Homestead con WeCount y en Miami con la Coalición de Inmigrantes de la Florida.
Las actividades específicas variaron en gran parte, pero el paraguas nacional del proyecto #Not1More (Ni uno más) abogó por una campaña masiva en las redes sociales para informar a los miembros del Gobierno de Obama su rechazo a las “deportaciones injustas y a la desigualdad” y “condenar el racismo institucionalizado”.
Sin embargo, el evento en Miami, en la Escuela de Leyes de la Universidad St. Thomas fue menos agresivo. Los organizadores simplemente buscaron ofrecer asistencia legal y motivar a las personas a aplicar para obtener la ciudadanía “de la forma correcta” —de acuerdo a Elizabeth María Taveras, adjunta de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Ella, junto a decenas de voluntarios y abogados de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana, atendieron aproximadamente a 200 personas.
Para combatir las deportaciones, la separación de familias y las leyes “anti-inmigrante”, Taveras dice que quiere que estas personas se conviertan en votantes activos. Ella concibe la ciudadanía como un elemento crucial porque “es la única forma de protegerse de la deportación”.
Abril también tiene un significado particular porque el 4 de mayo es la fecha en la que el proceso de aplicación comenzará a ser más complicado —con la planilla inicial (la N-400) que aumentará de 10 páginas a 21 y también es probable que la cuota inicial de US$680 aumente. Taveras aspira que las personas puedan comenzar el proceso de legalización antes de que cambie.
Evelyn Roque, junto a su hija —ambas nacidas en Guatemala— estaban entre las tantas personas que esperaban y llenaban sus planillas de aplicación amparadas bajo la sombra en un abrasador día en el área de Miami Gardens. Ella vino a los Estados Unidos hace 14 años, y dice que poder estar en este país ha sido una oportunidad maravillosa. Roque está particularmente preocupada con la situación de inseguridad en Guatemala.
“Tengo esperanza de eso [de que haya reformas], ya que hay tanta gente que necesita que algo cambie”. Con respecto al miedo de los inmigrantes, ella reconoció que puede haber un aspecto criminal en ello, pero que igual “lo hay en todos los grupos”.
Otra persona en la cola era Niurka Chercoles de Cuba, quien también ha vivido en los Estados Unidos estos últimos 14 años. A pesar de estar en el país legalmente, ella afirma que “cada día hay un problema” con sus papeles, y todavía no es ciudadana. Particularmente, ella comentó que el costo de asistencia legal ha sido inaccesible, y ha tenido que apoyarse en distintas formas de asistencia gubernamental. Ella solo desea “convertirse en parte del país [y] devolverle a la comunidad”.
Un ciudadano estadounidense, que asistió simplemente para brindar apoyo, dijo que espera que “algunas personas puedan ver el desperdicio de todo esto”, haciendo referencia a la cantidad de recursos y esfuerzos que se gastan en el proceso de inmigración. Chris Sapienza, un estudiante de economía de la Universidad Internacional de Florida, dijo que está claro que el sistema “no está funcionando ni siquiera para el más pequeño de nosotros”.
Mientras que la manifestación de apoyo puede ser vista como una muestra contundente para los legisladores, en los últimos 20 años no ha habido ninguna reforma migratoria significativa en los Estados Unidos. Las recientes noticias destacan que muchas organizaciones —el Centro para Estudios de Inmigración, específicamente— disputan la noción de que el gobierno federal está restringiendo de manera más fuerte a los inmigrantes. Ellos califican el actual programa migratorio como “pescar y liberar“.
Además de esto, todavía hay grandes preocupaciones que cualquier forma de amnistía, como la ocurrida en 1986 bajo el gobierno de Ronald Reagan, promocionaría más inmigraciones ilegales y aumentaría el número de los llamados “bebés anclas.”
