Ante la presión social de estudiantes y maestros por mayor financiación en el rubro de educación, el presidente Iván Duque propuso que el impuesto de renta tenga un aporte “voluntario” para la educación pública.
¿Impuestos voluntarios?
Cada vez en el país son mayores las exigencias sociales, en este caso, para el caso de la educación superior estudiantes y maestros llevan más de un mes en cese de actividades como protesta hasta lograr un acuerdo con el Gobierno nacional. El reclamo que plantean es adicionar al sector educación $500.000 millones COP (USD $166 millones) para el 2018.
Actualmente, la ley de financiamiento busca suplir un faltante de $14 billones COP (USD $4.600 millones) para lograr el financiamiento de diferentes programas sociales y de política pública, además de cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, la mayoría de colombianos no quiere pagar impuestos. Así lo hicieron saber en la reciente encuesta Invamer, en la que se detalla que un 80,8 % de los encuestados en el país está en desacuerdo con el alza de impuestos.
Duque ha señalado que no se puede negociar más recursos, o habría que quitarlos de otros programas esenciales de política pública como Familias en Acción o subsidios sociales, afectando así la política social del Estado.
La crítica de los líderes estudiantiles es que el Gobierno colombiano prefiere pagar deudas que garantizar el derecho a la educación de miles de colombianos. Al respecto, asegura el economista Daniel Gaviria, que si el Gobierno no pagara sus deudas, seguramente tampoco se podría garantizar el derecho a la educación.
“No podría garantizarse este derecho, ni ningún otro derecho para el caso, al encarecérsele o cerrársele del todo el acceso al financiamiento”, señaló.
A pesar que un sector de la sociedad ejerce cada vez más mayor presión en las calles y en la política para el otorgamiento de recursos, parece ser que nadie está ahí de manera voluntaria para sufragar ese costo.
Justamente, esta propuesta de impuestos voluntarios para la financiación de la educación superior generó rechazo e incluso burlas al mandatario, y puso en evidencia la resistencia de muchos ciudadanos hacia el hecho de pagar voluntariamente impuestos.
Así lo considera el economista Andrés Moreno, “no creo que voluntariamente la gente pague impuestos, hay un déficit fiscal muy grande y nadie quiere aprobar la ley de financiamiento”.
“En este país pasa algo muy paradójico. Todo el mundo quiere todo gratis, pero nadie quiere pagar impuestos. Hay una cantidad de marchas en las universidades públicas pidiendo educación gratis pero a la vez señalan que no se debe pagar más impuestos. Aquí en Colombia, particularmente es uno de los países del mundo donde el menor porcentaje poblacional es la que más aporta en impuestos. Lo que propone Duque es crear un impuesto voluntario a las personas que tanto piden educación, pues que haya un impuesto especial que solo se vaya a ese rubro”.
Del mismo modo, el historiador Gilberto Ramírez explicó que la propuesta de Duque tiene la gran ventaja en que vuelve a poner sobre la mesa que los impuestos son contribuciones, “es decir, son voluntarios y sujetos a negociación permanente. A diferencia de cuando se imponen como impuestos, sin más”, indicó.
Uno de los ejemplos internacionales es lo ocurrido en Noruega. El Gobierno de centro-derecha puso en marcha un programa voluntario de pago de impuestos en junio de 2017 para todos aquellos que criticaban sus rebajas fiscales. El resultado obtenido por contribuciones voluntaria fue apenas de 1.000 euros de una población de 5,3 millones de personas.
Propuesta de Mockus sobre impuestos
A pesar de la resistencia al pago de impuestos, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, durante su gestión (2001-2003) puso en marcha la que propone ahora el presidente Duque. El programa llamado ‘110 por ciento con Bogotá’ consistió en el pago voluntario adicional del 10 % en los impuestos de predial y de industria y comercio.
Con esto se buscaba cancelar el valor del impuesto por encima de los estipulado de forma voluntaria de lo exigido por la dirección de impuestos distritales. Los contribuyentes capitalinos podían decidir a cuál de los siete objetivos del Plan de Desarrollo debían dirigir los recursos.
En unos formularios, al momento de diligenciar el pago, los ciudadanos encontraban una casilla que se denominó pago voluntario y establecía el 10 % del valor correspondiente a cancelar.
En 2009 se presentó una investigación por la organización Corpovisionarios sobre el experimento tributario y concluyó que los aportes voluntarios al pago de impuestos pasaron de $528 millones COP en 2005 a $843 millones COP en 2008 en Bogotá. Para 2003, hubo cerca de 63.000 ciudadanos que aportaron voluntariamente el 10 %.
Sin embargo, Catherine Juvinao, miembro de Corpovisionarios, sostuvo que después de 2002, los aportes voluntarios comenzaron a descender. En 2003, los donantes se redujeron a 45.028 y en 2004 a 34.707. Para 2005 solo contribuyeron 26.314 ciudadanos y en 2011 lo hicieron 8.765. Esa disminución de aportantes voluntarios se dió justo cuando Bogotá fue administrada por la izquierda.
Cuando inició el programa, un grupo de ciudadanos que hicieron el aporte voluntario del 10 % fueron reunidos con el objetivo de indagar las razones que los motivaron a cooperar en materia tributaria. Las respuestas fueron; solidaridad social, confianza en la administración, creación de bienes colectivos que benefician a todos y, por último, y no menos importante, capacidad económica del momento.
De acuerdo con el mismo estudio, las razones del descenso de aporte voluntario tributario se debió en parte a nuevos cobros de valorización o a una creencia generalizada en una negativa por parte de las administradoras locales de llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos.
Esta propuesta, ajecutada en la administración Mockus, podría evidenciar que lo planteado por Duque podría dar resultado y los coudadanos decidirían el destino de sus aportes voluntarios.
Duque pidió reconocimiento
Duque pidió reconocimiento a los marchantes, ya que su Gobierno logró una adición histórica en la financiación de la educación superior luego de pasar de $37 billones a $41 billones para el próximo año.
Al mismo tiempo, recordó que el presupuesto aprobado para la educación pública este año, se aprobó el año pasado durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos “y nadie reclamó… Yo no soy antagonista de los jóvenes, quiero ser parte de la solución”, puntualizó.