La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión este miércoles de cuatro ciudadanos y cinco empresas colombianas en su lista de narcotraficantes internacionales, por sus vínculos con la organización criminal “La Oficina de Envigado”.
Cuatro lotes ubicados en la ciudad costera de Cartagena, departamento de Bolívar, fueron afectados con las medidas cautelares de extinción de dominio. El propietario sería Javier García Rojas, alias Maracuyá, quien durante varios años habría pasado desapercibido para las autoridades de Colombia y Estados Unidos.
Dentro del material probatorio recopilado por la Dirección Especializada del Derecho de Extinción de Dominio de la Fiscalía y la agencia estadounidense DEA, evidenciaría que las cuatro compañías designadas incluyen dos negocios agrícolas con sede en Medellín, propiedad de Javier García Rojas —Agroconstrucciones Las Palmeras S.A.S. y MMAG Agricultural Global S.A.S.—.
Igualmente una compañía de inversiones controlada por Ruth Garcia Rojas llamada Pinzon & Garcia S. con sede en la ciudad de Cali. También se incluyó un pequeño negocio de reparación de automóviles en Medellín, llamado Euromecanica, propiedad de Wilton Cesar Hernández Durango.
Al mismo tiempo, se identificó a alias “Maracuyá”, y su hermana Ruth García Rojas, a quienes considera socios desde hace tiempo de José Bayron Piedrahita Ceballos, cabeza de la Oficina de Envigado.
Como resultado de la inclusión de su nombre en la Lista Clinton, a ciudadanos estadounidenses se les prohíbe en los EE. UU. realizar transacciones o tratar con estas personas, colaboradores comerciales, además del congelamiento de cuentas bancarias y bienes.
Los bienes avaluados en un billón de pesos (USD $345,000,000) constan de 107 hectáreas ubicadas en un prestigioso sector entre Pasacaballos y Mamonal en la ciudad costera de Cartagena, luego de que la Fiscalía General en Colombia detectara la presencia de recursos ilícitos en la adquisición de los terrenos mediante la recopilación de evidencia física y testimonios
“Tenemos la intención de interrumpir el tráfico de narcóticos y las actividades ilícitas de grupos de crimen organizado como La Oficina, y trabajar estrechamente con nuestros socios en la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos para desmantelar sus redes corruptas”, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia financiera.
Treasury targets Colombians linked to Oficina de Envigado
Crime Boss under Kingpin Act, as part of effort to disrupt the narcotics
trafficking and illicit activities of organized crime groups: https://t.co/93UFid0hAV
Kingpin Chart: https://t.co/lwPj7bam5S pic.twitter.com/U0dyKngEqF— Treasury Department (@USTreasury) February 14, 2018
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros es la octava acción en contra de personas y entidades asociadas a “La Oficina de Envigado”, que fue designada de conformidad con la Ley Anti-Capo (Kingpin Act) del 26 de junio de 2014. Casi dos años después, esta oficina designó José Bayron Piedrahita Ceballos por sus vínculos con la Oficina de Envigado. Además, se estableció su participación directa en el tráfico de narcóticos.
Según la Fiscalía, con la ayuda de varios testigos durante un año se pudo confirmar que García Rojas tendría un amplio recorrido en el envío de cargamentos de cocaína. Asimismo, fue relacionado como socio de José Bayron Piedrahita Ceballos, quien fue capturado en septiembre de 2017, a raíz de una orden de extradición de la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de corrupción a un agente federal y lo investiga por narcotráfico.
Alias Maracuyá en los 90 conseguía base de coca en Perú, los Llanos Orientares, el Valle del Cauca, entre otras zonas de Colombia con destino a México, según el relato de un extraditado y confeso narcotraficante desde una cárcel en los Estados Unidos.
Desde la fecha de su creación, 2000 mil personas y entidades han sido nombradas de conformidad con la Ley Anti-Capo por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones de la Ley Anti-Capo varían en el país norteamericano que va desde sanciones civiles de hasta USD $1,437,153 por violación a penas más severas.
Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta USD $5 millones. Las multas penales para las empresas pueden llegar a USD $10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones penales de la Ley Anti-Capo.
Oficina de envigado
De acuerdo con Insight Crime, La Oficina de Envigado, es la herencia del imperio del narcotráfico de Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Esta red criminal ahora recoge un grupo de organizaciones más pequeñas, en las que se busca alianzas con grupos criminales del común para mantener el control de su territorio y negocios.
La Oficina de Envigado surgió como una facción de sicarios establecida por Pablo Escobar en Envigado, un pequeño municipio contiguo a Medellín, en la década de los ochenta. Desde entonces, la Oficina ha evolucionado a ser una importante, aunque conflictiva, operación de narcotráfico.