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Cuando la economía está luchando por recuperarse de una pandemia y de un aplastante confinamiento mandado por el gobierno, ese es probablemente el peor momento para imponer un aumento fiscal de 1000 millones de dólares a la clase trabajadora. Pero eso es exactamente lo que haría una nueva disposición introducida silenciosamente por los demócratas en la amplia legislación COVID de 1,9 billones de dólares.
«Un anexo de última hora por parte de los demócratas, la cual busca compensar el costo de su paquete de ayuda contra el coronavirus enviaría a los recaudadores de impuestos a la economía de trabajos informales, lo que eventualmente costaría a los conductores de Uber y DoorDash, a los anfitriones de Airbnb y a otros alrededor de mil millones de dólares anuales», informa Roll Call.
A last-minute insert by Democrats looking to offset the cost of their coronavirus aid package would send tax collectors into the gig economy, eventually costing Uber and DoorDash drivers, Airbnb hosts and others about $1 billion annually. https://t.co/MpcTeR7Say
— Roll Call (@rollcall) March 5, 2021
Bajo la ley de impuestos actual, las ganancias de los trabajadores de la economía informal solo necesitan ser reportados al IRS una vez que alcanzan los 20000 dólares. Esto significa que los pequeños trabajadores que realizan trabajos por encargo para complementar sus ingresos no se ven afectados por impuestos federales excesivos. Sin embargo, la disposición de los demócratas casi eliminaría este punto de referencia, y en su lugar requeriría que todos los ingresos por encima de 600 dólares se declaren al IRS.
«El endurecimiento de la carga fiscal se impondría mientras 10 millones de estadounidenses están desempleados y cada vez son más los que recurren a trabajos autónomos o freelance y a la economía informal para llegar a finales de mes», señala Roll Call.
Efectivamente, esto sería desastroso tanto para los trabajadores como para la economía.
Esta medida fiscal «añade una carga significativa a los trabajadores de la economía informal y de las pequeñas empresas en el peor momento posible», según el portavoz de TechNet, Steve Kidera. Un experto en impuestos le advirtió a Roll Call que muchos trabajadores de la economía informal en dificultades no podrán pagar impuestos más altos y que las sanciones del IRS «podrían destruirle la vida a una persona».
Es alucinante pensar que después de un año de privarle a los trabajadores de sus ingresos y de estrangular la economía con cierres por parte del gobierno, los políticos realmente le cargarían sobre las espaldas de los trabajadores estadounidenses miles de millones más de impuestos. Es aún más agravante cuando uno se da cuenta de que esto se hace para pagar un paquete «COVID» de 1.9 billones de dólares en el que al menos el 15 % del dinero se destina a prioridades de gasto partidistas como la expansión del Obamacare y sólo el 1 % se destina a la distribución de vacunas contra el COVID.
Si los políticos quisieran realmente reducir el precio del paquete, podrían empezar por eliminar los innumerables ejemplos de amiguismo y despilfarro dentro de la legislación. Por ejemplo, los demócratas podrían recortar los 1000 millones de dólares que su proyecto de ley destinado a la «justicia racial» para los agricultores, los 1,5 millones de dólares que se gastan en un puente para Nueva York que Chuck Schumer quiere que se construya, o los 112 millones de dólares que se destinan a proyectos de tránsito en California.
En cambio, en un movimiento tristemente típico del Congreso, los funcionarios electos eligen reprimir a la clase trabajadora en lugar de eliminar el despilfarro. Este tipo de mala praxis política e irresponsabilidad fiscal continuará en Washington DC hasta que los votantes digan finalmente basta ya.
Brad Polumbo es un periodista libertario-conservador y editor de opinión en la Fundación para la Educación Económica.
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