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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá analizar la posible inconstitucionalidad de los paquetes de impunidad aprobados por los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, luego que en privado, el pleno del máximo tribunal acordó aplicar de forma inédita la “resolución preferente” que no había implementado desde que se aprobó esa facultad en el 2013, con la cual puede dar prioridad al incidente de invalidez promovido por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las reformas anticorrupción aprobadas en esas tres entidades federativas.
La SCJN podrá aplicar esta facultad después de que los proyectos de sentencia se encuentren listos por los ministros ponentes, posteriormente de ser presentados los alegatos y las pruebas por parte de los involucrados y luego estas serán sometidas al pleno.
La determinación no significa que entrarán de inmediato a análisis y discusión, sino simplemente que “no harán cola”, siendo implementado el mecanismo que se aprobó en el 2013 y que hasta la fecha no había aplicado; por tanto, ante la urgencia de la reforma anticorrupción promovida por el Ejecutivo federal, estos tres casos serán preferentes.
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Ahora corresponderá a las entidades de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua presentar al Tribunal Constitucional los motivos por los que promovieron reformas anticorrupción de esa naturaleza y a la PGR, como representante del presidente Enrique Peña Nieto, sobre los razonamientos del porqué se opone a que apliquen las otras reformas.
La PGR presentó el pasado 11 de julio, en su calidad de representante legal de la Presidencia de la República, el sustento de la invalidez, bajo el argumento que las modificaciones de los congresos de las entidades involucradas se anticiparon a la reforma constitucional del 2015 en materia de combate a la corrupción y tendrían que haber esperado para que se emitieran las leyes secundarias para poder ser armonizadas.
Bajo estos esquemas y al ser admitidos a trámite el alegato de la PGR, la Suprema Corte determinó designar para el análisis al ministro Javier Laynez Potisek el caso de Veracruz, a Norma Lucía Piña Hernández en Quintana Roo y en de Chihuahua a José Ramón Cossío Díaz.
Fuente: El Universal
