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Desde que Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, en 2007, los poderes del Estado han actuado de la mano de los intereses políticos del hoy presidente del país centroamericano.
En el transcurso de esos nueve años, el orteguismo usó al CSE para suspender y cancelar personalidades jurídicas de partidos claramente opositores a su Gobierno, pero este miércoles 8 de junio fueron los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes actuaron para quitarle a Eduardo Montealegre la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI).
CSE “manoseado” por CSJ
Debido a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) había fallado la representación legal del PLI a favor de Eduardo Montealegre en 2014, la expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, considera que el poder electoral “se está dejando manosear” por la CSJ al permitirle invadir facultades que, en términos legales, sólo el CSE tiene como rector de las elecciones.
“Estamos en un proceso electoral en marcha. Ya el Consejo Supremo Electoral en este momento se erige en el único poder del Estado que organiza, administra y dirige una elección y ya no puede haber interferencia de nadie”, afirmó Zelaya. Insistió en que los magistrados electorales deben salir a lo inmediato para rechazar la sentencia de la CSJ.
“El Consejo Supremo Electoral se está dejando manosear, no está actuando como poder del Estado, porque tiene sus propias funciones, regulaciones y que no debería permitir ninguna intromisión ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial”, valoró Zelaya.
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Los magistrados del CSE evidenciaron su sometimiento a los intereses del Poder Ejecutivo al acatar la primera resolución de la Sala Constitucional, en la que le ordenó no nombrar a los miembros del PLI en los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER).
Zelaya valoró que si ahora acata el CSE el fallo sobre la representación legal del PLI, “faltará a sus obligaciones como poder del Estado independiente y afectará la institucionalidad democrática de Nicaragua, porque no cumpliría con su deber”.
La exfuncionaria consideró que si los magistrados del Poder Electoral no se hacen respetar en sus facultades, entonces deben desaparecer “y así los nicaragüenses nos ahorramos un montón de dinero” en el CSE.
Su apreciación es que la Sala Constitucional de la CSJ “no actuó conforme la obligación de atender en tiempo y forma los casos que se le presentan”, al tardarse más de cinco años en resolver sobre los amparos de tres facciones del PLI contra el CSE, que siempre reconoció la representación legal del partido en Indalecio Rodríguez y luego en Eduardo Montealegre.
Por ello, afirmó Zelaya, la intromisión de la Sala Constitucional, al desconocer lo actuado por el CSE, “es una violación al Estado de Derecho”.
“No hay Estado de Derecho en Nicaragua”
La exmagistrada electoral lamentó que el proceso de las elecciones generales de 2016 no ofrezca las garantías ni un régimen de respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y a la Ley Electoral.
Las garantías no se ofrecen, para Zelaya, desde el momento en que no se cambia a los magistrados del CSE, que son cuestionados por la oposición de favorecer con el fraude en los comicios al gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se le suma la convocatoria tardía a las elecciones de 2016 hasta desembocar en la sentencia de la CSJ, que duró cinco años en resolver la litis por la representación legal del PLI.
Zelaya sostiene que con su sentencia la Sala Constitucional creó un conflicto de poderes con el CSE.
Partidos cancelados
En junio de 2008 el CSE suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Partido Conservador (PC). Con esta acción el orteguismo evitó que el MRS participara en las elecciones municipales que se realizarían en noviembre de 2008.
Dos años antes, el MRS, partido formado por disidentes del FSLN, que ha gobernado el país los últimos nueve años, había obtenido 6% de los votos en las elecciones presidenciales de 2006.
El CSE argumentó el retiro de la personalidad jurídica al MRS por no completar sus órganos nacionales, departamentales y municipales.
Sin embargo, la Dirección de Atención a Partidos Políticos, con base en la lista de candidatos que cada partido presentó ante el CSE, el 12 de abril de 2008, publicó en los medios de comunicación escritos la lista definitiva de candidatos de cada partido político, incluyendo el MRS, que llevaba como candidato al alcalde por Managua, Enrique Sáenz.
En el caso del PC, el CSE le suspendió la personalidad jurídica por no cumplir con el 80% de las inscripciones de candidatos para las elecciones municipales. Aunque se la regresó en 2010.
«No es a Eduardo a quien le quitaron la representación legal sino a todo Nicaragua» Juan José Miranda, Pte PLI en Sto Tomas, CH
— Eduardo Montealegre (@emontealegrer) June 10, 2016
En abril de 2013, el CSE canceló la personalidad jurídica de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), partido que había sido aliado del FSLN, pero que luego el presidente de la UDC, Agustín Jarquín, hizo ver su oposición y crítica al partido gobernante, retirándose de la alianza con el FSLN.
El CSE explicó que la resolución se basa en el comportamiento de estos partidos en las elecciones municipales de 2012, porque “desistieron de participar en el proceso electoral y no presentaron candidaturas; ambas acciones se establecen como requisitos para los partidos políticos en los artículos 63, 74 y 82 de la Ley Electoral”.
Sin embargo, la UDC presentó su intención de participar de manera independiente en las elecciones municipales, pero el CSE dijo que únicamente presentó 1.951 candidatos, equivalentes al 31.2%, incumpliendo lo impuesto en el artículo 82 de la Ley Electoral, que establece que los partidos nacionales deberán inscribir un mínimo de 80% de las candidaturas a nivel nacional.
Diputados del PLI se mantienen
Francisco Rosales, magistrado presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, refirió que la sentencia que quita la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre, no afecta la continuidad de los 26 diputados que fueron electos en la casilla 13 en las elecciones de 2011.“En la sentencia hay un considerando específico que dice que aquellas personas que fueron electas por sufragio universal, libre y secreto se mantienen en sus cargos. Y retomamos incluso la famosa frase ‘que los nombrados, nombrados están’”, respondió Rosales.
