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La Paz, 17 jul (EFE).- Las amenazas de ejercer violencia para impedir las elecciones generales del próximo 17 de agosto en Bolivia y proyecciones de un voto disperso marcan el ambiente en el país andino, a falta de un mes para esos comicios en los que los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y renovarán el Parlamento nacional.
El proceso electoral ha estado precedido hasta el momento por las protestas y amenazas de los sectores afines al Evo Morales que exigen que el también dirigente cocalero sea inscrito como candidato para estos comicios, pese a no tener partido y a una disposición constitucional que le impide volver a postular.
Los leales a Morales bloquearon carreteras durante dos semanas en junio para forzar su candidatura, una protesta que se tornó violenta y dejó un saldo de cuatro policías y dos civiles fallecidos.
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Aunque las manifestaciones físicas cesaron, las amenazas de impedir las elecciones si Morales no es candidato persisten, como las recientes declaraciones de una aliada política del exgobernante, Ruth Nina, quien advirtió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) «en vez de contar votos, va a contar muertos», lo que le valió una investigación penal.
Hace poco, el TSE denunció que es blanco de «ataques» por parte de «actores políticos y sociales» que buscan afectar los comicios y advirtió que «no cederá ante las presiones políticas ni intereses sectoriales que pretendan condicionar sus decisiones o interferir en el normal desarrollo del proceso electoral».
La analista política María Teresa Zegada dijo a EFE que las advertencias de Morales y sus seguidores son «el factor más disonante» en un escenario en el que el resto de la población y los partidos hicieron una «apuesta muy importante» por la realización de las elecciones.
Según Zegada, queda la duda de si los afines al exmandatario permitirán que haya votación en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, o si luego respetarán los resultados electorales, mientras que en el resto del país hay una especie de «pausa social» pese a la actual crisis económica.
«Hay una sensación en la población de expectativa respecto a lo que la próxima elección podría solucionar en el país. No hay esta movilización y conflictividad tan fuerte que hemos sufrido en meses anteriores», apuntó.
Proceso y encuestas
Al margen de las tensiones políticas y sociales, el TSE informó que un total de 7.937.138 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones, de los que 369.931 son residentes en el exterior.
Inicialmente estaban habilitadas diez organizaciones políticas para participar en los comicios, pero Nueva Generación Patriótica (NGP) decidió retirarse al no lograr habilitar a su candidato, el analista económico Jaime Dunn.
Los comicios bolivianos tendrán acompañamiento de por lo menos seis misiones de observación electoral de entidades como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), además de iniciativas ciudadanas locales como ‘Cuidemos el voto 2025’.
En las encuestas difundidas hasta el momento aparecen como favoritos el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con escasas diferencias porcentuales.
Tras ellos van el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, que sorprendió al postular al margen de su partido, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), y el alcalde de la ciudad central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Zegada indicó que las encuestas muestran «escenarios más o menos estancados», pero también reflejan «un importante bolsón de votos» de indecisos, blancos y nulos que pueden constituirse en un «voto oculto».
Recordó lo ocurrido en 2020, cuando las encuestas auguraban una segunda vuelta entre el ahora presidente Luis Arce y el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005), pero también mostraban altos porcentajes de indecisos, por lo que consideró que «no está totalmente consolidado el escenario de disputa política».
Agregó que el próximo Gobierno requerirá «consensos» para aplicar las medidas necesarias contra la crisis.
Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o «un mínimo del 40 %» con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.
