English Version
San José, 27 feb (EFE).- La dictadura nicaragüense canceló este martes la personalidad jurídica a la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (Unacad) y a otras nueve asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La entidad indicó que cerró la Unacad, que funcionaba desde febrero de 2005, a petición del centro de estudios.
- Lea también: Daniel Ortega ha ilegalizado 3500 ONG en su persecución a la disidencia
- Lea también: Ortega destierra al obispo Rolando Álvarez junto a grupo de sacerdotes
La Unacad presentó ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) su solicitud de disolución voluntaria y ante el Ministerio del Interior solicitó la cancelación de su personalidad jurídica por disolución voluntaria debido a los bajos ingresos que percibe, lo que les impide cumplir con el programa de inversiones, según la explicación del régimen.
Las otras nueve ONG canceladas son la Asociación Cámara Forestal de Nicaragua, Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Asociación de Industriales Exportadores de Nicaragua, Asociación Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, y Fundación Cristiana Renuévame Señor.
También la Asociación Máter Purisima Nicaragüense Año 2000, Fundación Aguas Bravas Nicaragua, Asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12, y Cámara Red Local del Pacto Global en Nicaragua.
El Ministerio del Interior de la dictadura argumentó que canceló la personalidad jurídica a esas nueve ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que los regulan, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
El Estado se queda con los bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, la cartera del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre la universidad que habría solicitado su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas ONG, suman más de 3.550 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega se declaró reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
