San José, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica firmó este lunes el decreto que establece como obligatoria para los trabajadores del sector público la vacunación contra el COVID-19 y que faculta a los patronos privados a exigirla a sus empleados.
El decreto fue firmado por el presidente del país, el centroizquierdista Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas. Se espera que sea publicado en las próximas horas en el diario oficial La Gaceta, para que entre en vigencia el próximo viernes, detalló la Casa Presidencial en un comunicado.
Este decreto indica que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19”.
El pasado 28 de septiembre, Salas anunció que se firmaría el decreto para establecer la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores del sector público, como una medida para reducir las muertes y las hospitalizaciones que en los últimos dos meses han registrado las mayores cifras a lo largo de la pandemia.
Tras el anuncio se registraron marchas en la capital costarricense contra la obligatoriedad. El pasado sábado 2 de octubre salió un grupo de manifestantes a las calles exigiendo respeto a las libertades individuales y el fin de las restricciones a la economía. Los asistentes mostraron pancartas con mensajes como “A mis hijos no”, “Con los niños no se experimenta”, “No a la dictadura médica global” y “Mi cuerpo, mi decisión”.
Los patronos privados también estarán facultados a exigir a sus trabajadores la vacuna, de acuerdo a sus disposiciones internas.
Una obligatoriedad “constitucional”
El Gobierno afirmó en el comunicado que el decreto está sustentado en resoluciones de la Sala Constitucional que “ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.
Según el Gobierno, la jurisprudencia de la Sala Constitucional también ha determinado que “el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”.
Alta tasa de vacunación
En la actualidad, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra por encima de su capacidad óptima de 359 espacios y alrededor del 90 % de los internados allí son personas no vacunadas o que no han completado su esquema de vacunación.
Con datos al 4 de octubre, en este país de 5,1 millones de habitantes se han aplicado 5.760.293 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de ellas 3.470.013 son primeras dosis y 2.290.280 segundas dosis.
Septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes por COVID-19, con 68.459 y 880, respectivamente, pero también el de más vacunas aplicadas, con 1.317.990. Costa Rica es uno de los países de la región con la más alta tasa de vacunación, con 67,52 % con la primera dosis y 44,57 % de la población con el esquema de vacunación completo.
La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se contabilizaron 227 decesos por COVID-19, la mayor cifra semanal en lo que va de la pandemia.
Al 8 de octubre, Costa Rica suma 544.021 casos y 6.612 muertes a lo largo de la pandemia.