EnglishDesde la oficialización del default selectivo de Argentina, la administración de Cristina Kirchner ha estado arremetiendo contra todos y todo para exculparse de la responsabilidad del fiasco financiero.
El oficialismo primero comparó las demandas de los holdouts contra Argentina con la matanza en Gaza, y luego anunció que llevaría el caso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Y esta mañana el jefe de Gabinete argentino atacó al “anarcocapitalismo” que supuestamente impera (junto a los “grupos oligárquicos”, para no perder la costumbre):
“El mundo no puede estar frente a la existencia de un anarcocapitalismo, ante un sistema financiero voraz y la concentración ilimitada de riquezas, con la espada de Damocles de estos grupos minúsculos y oligárquicos que pueden generar acciones que conspiran contra la estabilidad del sistema económico y financiero internacional.”
Esta es la segunda vez que el kirchnerismo usa el término. En 2011 la presidente Kirchner había acusado a los especuladores de invertir en lo que a ellos se les antoja, buscando el lucro, y presumiblemente no la justicia social y el bien común, como ella.
Cristina Kirchner o Jorge Capitanich con seguridad ni saben que existe una corriente política que lleva ese nombre. Lo que hacen es recurrir al eterno cuco de los gobernantes cuando ven sus poderes amenazados o cuestionados: la anarquía.
Caos, descontrol y abusos es lo que sucedería, dicen ellos, si el Estado no está a cargo —y la retórica del miedo no deja ver que el statu quo estatista es en realidad una constante sucesión de caos, descontrol y abusos, pero financiados con tus impuestos.
Es lo que se observa en este pintoresco caso, donde un Estado que presta y malgasta en nombre de una población dinero que deberán pagar generaciones venideras, se da el lujo de llamar a sus acreedores “buitres”.
La pretensión de calificar de anarcocapitalismo al sistema vigente hace aguas por doquier. La anarquía significa ausencia de líderes, y por lo tanto, de Estados. El capitalismo es un sistema económico donde los bienes y servicios son producidos privadamente —es decir, las ganancias y las pérdidas son asumidas— por individuos y empresas en libre interacción.
Al unir estos dos conceptos y contrastarlos con el mundo actual, vemos que apenas hay punto de comparación: prácticamente no hay territorio sin Estado, ni país donde rija un sistema económico sin una fuerte intervención gubernamental.
Si Argentina hubiese querido emitir bonos sujetos a tribunales argentinos lo hubiese hecho, pero decidió hacerlo voluntariamente según las leyes de EE.UU., consciente de que allí los inversionistas se sienten más seguros y están dispuestos a pagar mejores tasas de interés. En realidad, el Gobierno de Cristina Fernández no quiere aceptar el riesgo de ese préstamo que los holdouts sí supieron capitalizar.
Otra interpretación de lo que hace zapatear en rabietas casi infantiles a los buitres kirchneristas es que entre naciones no hay una última instancia de resolución de conflictos. La Corte Internacional de la Haya es un ámbito solamente para los países que reconocen su competencia, y puede decidir no tratar muchos casos (uno de los jueces de la Corte ya dijo que no oirá el argentino). Quieren que la Organización de las Naciones Unidas u otra entidad internacional tome cartas en el asunto, reavivando los proyectos de una suerte de Gobierno mundial.
Es en este único sentido que la acusación puede asemejarse a la teoría anarcocapitalista, que efectivamente propone no un último juez sino varios tribunales privados para la resolución de conflictos.
Los anarquistas de libre mercado abandonan la idea de que hay alguien que pueda dar “la última palabra” sobre un caso, como sucede a nivel nacional con las Cortes Supremas, cuyos veredictos son finales. El profesor Edward Stringham y otros teóricos del anarcocapitalismo como Bruce Benson o David Friedman (hijo del nobel Milton Friedman) postulan en cambio la ley policéntrica, como una red de derechos privados que se superponen incluso en un mismo territorio, en contraposición a la ley única centralizada del Estado que hoy todos conocemos.
Es bastante evidente lo que buscan Kirchner y Capitanich: escapar de la suerte de derecho común que rige entre países y de una u otra manera obliga a los Gobiernos a respetar sus contratos; quieren tener vía libre para usar su peso político en desmedro de la justicia, y así seguir financiando ad aeternum las aventuras políticas.