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(Foto: Flickr)
En el proceso de reconstrucción económica que se avecina en Venezuela, hay una ventaja comparativa de la que poco se habla, pero que en el mediano plazo promete ser un importante sostén de las fortalezas energéticas de la economía venezolana. Esa ventaja no es otra que el gas natural, del cual el país posee unas reservas de clase mundial, de las que hoy por hoy solo se explota una ínfima cantidad.
Esas reservas no son poca cosa; las octavas del mundo según la Agencia Internacional de Energía, lo que se traduce en el 80% de las reservas de América del Sur; el doble de las de Canadá; y un 36% de las de Estados Unidos, país que produce un equivalente en barriles de petróleo (BPE) de 14 000 000 diarios mientras que nuestra producción llega escasamente un 1.5% de ese nivel. En términos absolutos, Venezuela tiene 203 trillones de pies cúbicos o tcf de reservas de gas natural. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a 35 000 000 de barriles de petróleo.
Desde la década de 1980, se han hecho varios intentos por explotar esas reservas, pero a cada vuelta del camino la inversión alternativa de los recursos en explotación petrolera resultaba más rentable por los bajos precios relativos del gas natural. Esta limitante de precios ha sido importante en el pasado, porque el 80% de nuestras reservas de gas son de lo que se conoce como “gas no asociado”. Es decir, son reservas gasíferas que no están acompañadas de una cantidad importante de petróleo, cuya presencia podría ayudar a hacerlas más rentables. Tal vez por eso, la ley de hidrocarburos gaseosos promulgada por Chávez en septiembre de 1999, y aún en vigencia, es, de alguna manera, más «pro-mercado» de lo que estamos acostumbrados en materia energética.
En efecto, en el artículo 1° la ley establece que“el procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior de dichos gases, se rigen por la presente ley y pueden ser ejercidas por el Estado directamente o mediante entes de su propiedad o por personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del Estado”. Veinte años después, y ante la perspectiva inevitable de una apertura a la inversión privada en el mundo de los hidrocarburos, la ley cobra singular importancia. Sobre todo porque en esas dos décadas transcurridas, el apetito de los mercados por el gas natural es cada vez mayor, sobre todo por ser un combustible fósil más benigno que el petróleo en lo que a calentamiento global se refiere.
En ese sentido el gas natural se ha vuelto el sustituto preferido al carbón y al fuel oíl en la generación de electricidad, y los avances tecnológicos en su licuefacción para transportarlo como GNL (gas natural licuado), ha reducido una de las barreras que había para su mercadeo global, antes limitado geográficamente por su transporte tan solo en gasoductos con limitaciones en su alcance territorial. Hoy por hoy, Estados Unidos exporta unos $ 15 000 000 de GN, 40% de ello en tanqueros desde super terminales en Corpus Christi Texas y Sabine Pass Luisiana, compitiendo con éxito con proveedores del Golfo Pérsico en mercados tan distantes como China, India y Japón
A mediano plazo, Venezuela tiene cómo competir en ese mercado internacional, pero antes de eso en lo inmediato existe un mercado nacional substancial en proveer de gas natural a todas las plantas termoeléctricas que hoy operan con fuel oil, y a vecinos cercanos por la vía de gasoductos. En ese sentido, el suministro a los trenes licuefacción trinitarios en estos momentos operando a 50% de capacidad por declinación de sus propios yacimientos, puede ser una forma para incursionar en el mercadeo internacional del producto.
Un producto con futuro a largo plazo, y una ley pro mercado que rige su explotación, ciertamente una combinación que el país debe aprovechar en su intento por resucitar su economía nacional.
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