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EnglishHace apenas unos días, la Corte Suprema de Canadá dictaminó por unanimidad hacer una enmienda a la prohibición penal sobre el suicidio asistido por un médico. La fuerte presencia de activistas provida y grupos como la Liga Católica de Derechos Civiles y la Federación Internacional del Derecho a la Vida —y tal vez algunos miembros conservadores del Parlamento— ha dado lugar a una abrumadora actitud antieutanasia en el Parlamento, que ha impedido cualquier progreso en los debates en torno a este tema.
Sin embargo, con la nueva decisión de la Corte Suprema que defiende la Sección 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, los Parlamentos federales y provinciales tienen 12 meses para legislar restricciones. El tribunal dictaminó que, para llevar a cabo el suicidio asistido, debe haber «una persona adulta competente que (1) claramente otorgue su consentimiento a la terminación de su vida y (2) tiene una condición médica grave e irremediable (incluyendo una enfermedad o discapacidad) que causa sufrimiento duradero, que es intolerable para el individuo en las circunstancias de su condición».
Esta nueva norma debería ser celebrada por todos los canadienses —no solo porque los individuos en condiciones insufribles ahora tienen la libertad de elegir una muerte digna y menos dolorosa, sino a causa de los progresos realizados por el sistema legal de Canadá en la maximización de la libertad individual. Esta regla ha liberado a los canadienses de otro aforismo moral impuesto por el Estado, donde el suicidio en cualquier forma y contexto se percibe como inmoral.
Uno puede preguntarse, y sería razonable hacerlo, «Si yo no soy católico y no comparto el mismo valor y sentimiento por la vida, ¿por qué el Estado debe imponerme tales valores?»
A pesar del hecho de que los suicidios asistidos solo se llevarán a cabo dentro del sistema médico estatal, lo que restringe la capacidad del paciente para elegir dónde y por quién desea poner fin a su vida, los grupos provida han objetado la decisión del tribunal de manera clara y rotunda. Incluso han ido tan lejos como para llamar a estos «los días oscuros de la historia de Canadá,» y expresaron temores sobre la victimización de las personas con enfermedades terminales.
Tales preocupaciones son absurdas, ya que el tribunal está pidiendo el claro consentimiento de los pacientes que buscan el suicidio asistido, además de una condición médica grave que es apoyada por profesionales médicos. Está claro que la gente que se opone a esta nueva norma no está preocupada por los pacientes. Más bien, para ellos es una cuestión de imponer sus propias ideologías sobre el valor de la vida.
