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El juez federal, Sergio Moro, acusó a Lula de participar en el proyecto de desviación de 2 y 3 % de los valores de los contratos firmados entre la estatal y la constructora Odebrecht.
El expresidente fue designado como «responsable de dirigir una estructura ilegal sofisticado para atraer el apoyo parlamentario, sentado en la distribución de los cargos públicos en la administración federal».
Las autoridades creen que Da Silva, quien pretende postularse en las elecciones del 2018, se benefició de un esquema por medio de la compra y manutención del edificio sede del Instituto Lula en Sao Paulo, a cargo de Odebrecht y valorado en 3,5 millones de dólares.
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Según varios medios de comunicaciones, Lula ya tiene tres causas de operación Lava Jato. Una por tratar de comprar supuestamente el silencio de un exdirector de Petrobras, otra por la Operación Zelotes, un entramado que favorecía a empresas que no pagaban impuestos, luego por tráfico de influencia y finalmente por lavado de dinero al beneficiarse de un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio.
Por su parte, da Silva dice que es víctima de una «caza judicial» en su país con el objetivo de impedir su postulación a la candidatura presidencial. Adicionalmente, presentó un recurso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alegado que la justicia brasileña está violando sus derechos.
Es importante recordar que si Lula es condenado en segunda instancia, podría ser inhabilitado para presentarse a los comicios presidenciales del 2018.
Fuente: Mundo Sputnik
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