Los dueños de aproximadamente 100 carros presentaron una acción judicial en contra del Estado por los daños y prejuicios que, según ellos, les causa la aplicación de de transporte que opera en Uruguay desde el pasado noviembre, Uber. Esta es una estrategia muy distinta a la acostumbrada hasta el momento por la compañía taxista.
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El pasado 24 de agosto fue cuando se presentó esta medida preliminar al juez Gabriel Ohanian, quien lleva a cargo las denuncias hacia la Intendencia de Montevideo, la Unidad Nacional de Seguridad, el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva.
Ohanian dio 30 días como plazo a todas las independencias estatales para que informen las acciones que se han realizado hasta el momento, con el fin poder controlar a Uber y las aplicaciones que puedan venir en un futuro.
Los dueños de los taxis que promueven esta acción judicial buscan que la Intendencia de Montevideo les informe cuántas multas aplicó a los choferes de Uber y, de ser posible, que detecten cuál exactamente fue la infracción cometida.
Por otro lado, a la Dirección General de Ingresos y el Banco de Previsión Social se les solicitó información sobre los aspectos de prevención y tributos, y sobre los embargos que les pudieron haber hecho a los conductores de esta aplicación.
Martín Risso, abogado que representa a los taxistas, indicó que después de la aparición de Uber los ingresos de los taxistas disminuyeron significativamente.
El abogado redactó un escrito en donde afirma que el servicio que ofrece Uber es “ilícito” y que los conductores no deben estar habilitados para cumplir las funciones del traslado de los pasajeros. Además, “no aportan al Banco de Previsión Social los tributos requeridos”. Además, los demandantes acusan al Estado por la “tolerancia que le han tenido a esta aplicación”.
A pesar de este polémico caso, Cabify, aplicación similar a Uber, empezará a funcionar plenamente desde el mes de octubre.
Fuente: El Observador