EnglishSegún el sistema de la Función Judicial, Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha llevado 21 procesos judiciales desde que está en el poder. Desde el 2008 ha presentado 13 juicios como ciudadano y no como su cargo de Primer Mandatario.
De esos casos, 10 han sido por injurias, calumnias, daños a la moral, perjurios y falsos testimonios. Por lo menos en ocho de los procesos que ha ejercido como ciudadano, las sentencias han salido a su favor.
Desde 1979, Correa ha sido el presidente con más demandas encima en Ecuador. Un experto en la materia y analista político, Miguel Puente, afirma que los funcionarios públicos y gobernantes deben ser tolerantes a las críticas, porque por las labores que ejercen, están expuestos a las fiscalizaciones.
Sin embargo, Puente asegura que estos hechos no implican que con su ciudadanía pueda agredir a la autoridad, porque el daño moral puede convertirse en demanda. No obstante, Joffre Campaña, jurista, afirma que Correa no debió participar en estos procesos ya que se encontraba “escudándose en que es un ciudadano”.
Estos juristas afirman en la falta de independencia en las demás funciones del Estado y a la larga, esto beneficia a Correa y a los procesos en los que está involucrado. No existe verdaderamente esa linea que separa al jefe de estado de un ciudadano.
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Todos estos juicios tienen la finalidad de “sembrar miedo en la ciudadanía”, según Campaña. Asegura que cuando las personas se enteran que el presidente los puede enjuiciar, se van a abstener de opinar con respecto al gobierno. Puente dice, a su vez, que esto se trata de ejercer más control sobre el pueblo y la sociedad.
Los abogados coinciden en que toda figura pública y electa por el poder popular, tiene que ser más tolerante ante las opiniones de sus opositores y rendirle cuenta a los mismos.
En el juicio más reciente del presidente Correa, se solicita una acción de protección en contra de cuatro militares de la Fuerza Naval. Por otro lado, el abogado del presidente indicó que estos procesos no están relacionados con asuntos políticos.
Fuente: El Comercio