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A pesar de los impedimentos por parte del gobierno venezolano, como la suspensión de la entrega de recursos a la Asamblea Nacional Legislativa, la misma seguirá en función activa, indicó el presidente del congreso Henry Ramos.
Aseguró que el gobierno se aprovecha de lo más mínimo que haga el congreso con el cumplimiento de los deberes constitucionales, para utilizarlo como excusa y no reconocerlos. “El gobierno quiere neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar”.
Ramos Allup indicó a la prensa que la Tesorería Nacional tiene varios meses con retraso del pago de la comida y de la guardería de 350 hijos de empleados del Congreso ya que el gobierno únicamente cancela los sueldos directos de los parlamentarios. “Desde que llegamos aquí, no hemos recibido nada y aun así continuamos trabajando por el país”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que,”estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la hacienda pública nacional, no puedo depositar recursos en una asamblea nacional inexistente”.
Por otro lado, Nicolás Maduro solicitó la nómina de los trabajadores del Congreso para cancelarle los pagos correspondientes de sus salarios. Debido a que la Asamblea Nacional no tiene fuentes de ingresos propias, ésta va a depender de lo que reciba del presupuesto nacional por parte del Ejecutivo.
Anteriormente, el presidente parlamentario juramentó e incorporó a tres diputados a la Asamblea, que fueron suspendidos en diciembre por el TSJ por presuntas irregularidades al momento de su elección.
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Desde que en diciembre de 2016 la oposición obtuvo por medio del voto popular la mayoría de los diputados, varias figuras que están vinculadas con el oficialismo plantean la disolución del Congreso.
Por si fueran poco estas amenazas, la Asamblea Nacional retó de manera constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, al incorporar a los diputados del estado Amazonas, Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que fueron suspendidos.
Esta juramentación, fue anulada por el propio Tribunal y advirtió que “se reservará todas las acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar, con el objetivo de exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional”.
