English Version
EnglishEn EE.UU., una coalición de 26 Estados luchó y ganó una batalla legal para congelar el plan de acción diferida del presidente Barack Obama para otorgarle visas temporales de trabajo a los inmigrantes ilegales con hijos nacidos en suelo estadounidense.
La “orden restrictiva” del juez Andrew Hanen, emitida el lunes, determina que ciertos inmigrantes ilegales no tendrán permiso del Gobierno federal para solicitar un empleo formal. Tendrán que continuar trabajando sin documentos legales.
Noticias Relacionadas
Los Estados que presentaron la demanda señalaron que la medida de Obama causaría una “carga excesiva” para sus finanzas.
“Independientemente de las razones detrás de las acciones o inacciones del Ejecutivo y Legislativo del Gobierno federal, el resultado es que muchos Estados últimamente son los más afectados por la inmigración ilegal”, escribió el juez Hanen en el mandato preliminar emitido el lunes.
Pero si la razón principal de oponerse a la legalización de cerca de 5 millones se debe a los costos, ¿acaso estos Estados no podrían ganar más si se les permite a los inmigrantes pagar los mismos impuestos que los residentes legales de Estados Unidos?
Al menos, un estudio ve esto como una solución.
Un estudio realizado en 2013 por el Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP) encontró que de permitir que los inmigrantes ilegales tengan la oportunidad de conseguir un empleo legal, los ingresos del fisco estatal y local aumentarían en al menos US$2 mil millones, añadidos a los $10 mil millones que ya contribuyeron en 2010.
Para algunos Estados que están al límite de su recaudación impositiva, con estrechos presupuestos y cada vez mayores pasivos sin financiamiento por el aumento de los costos de las pensiones, permitir la legalización de ciertos inmigrantes legales les ayudaría en sus finanzas.
Texas, por ejemplo, señaló en la demanda contra el Gobierno federal que el plan de Obama “impone costos sustanciales en su presupuesto”, al permitir que miles de inmigrantes tengan la oportunidad de solicitar licencias de conducir. Afirmó que se perderían varios “millones de dólares” en los trámites.
Tomando en cuenta que en Texas 1 millón de inmigrantes ilegales constituyen el 10% de la fuerza laboral del Estado, es más que probable que cualquier déficit sería cubierto con ese ingreso adicional que se tendría al permitirles empleos legales.
El estudio estima que Texas podría recibir más de U$91 millones una vez que los inmigrantes obtengan documentos legales.
“Sabemos que los inmigrantes indocumentados ya pagan del 6 al 7% de sus ingresos en impuestos estatales y locales, simplemente porque compran cosas y alquilan o adquieren sus casas, y las ventas e impuestos de propiedad se pagan automáticamente”, dijo Matthew Gardner, director ejecutivo de ITEP, respecto a lo que se señala en el reporte original.
“Con la legalización, los impuestos y los salarios van aumentar, lo que resulta en nuevos ingresos sustanciales, especialmente del impuesto a la renta”.
En cuanto al mandato de Obama, parece que solo la Corte Suprema podrá decidir acerca de si el plan se pone en acción o no.
“Para llegar a su conclusión, el juez Hanen creyó que hacer una excepción genérica a la ley de inmigración no es un ejercicio de discreción procesal, sino una suspensión de una ley, que la Corte Suprema dejó claro es inconsistente con el deber del presidente de ‘ejecutar fielmente las leyes'”, dijo Elizabeth Foley, profesora de derecho en la Universidad Internacional de Florida.
Ella dijo a Watchdog.org que la sentencia ahora solo podrá ser revertida por un tribunal de apelación superior, ya sea la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, o más probablemente, la Corte Suprema.
“La orden restrictiva esencialmente es un mecanismo para ‘mantener el statu quo’ hasta que el tribunal se pronuncie respecto a las reclamaciones legales subyacentes”, explicó.
El plan de acción diferida hubiera reforzado la seguridad en las fronteras de Estados Unidos, pero también permitiendo el trabajo temporal a las familias inmigrantes ilegales con hijos que nacieron en el país, de acuerdo a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos.
Este intento viene luego de una acción ejecutiva similar presentada en 2012, que permitió a los inmigrantes ilegales que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños y que están matriculados en la escuela o son voluntarios en el Ejército permanecer en el país y evitar la deportación.
Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes del país están igualmente consternados por la orden judicial.
“Ahora millones de personas deberán continuar esperando para aplicar a un permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos con sus familias sin miedo a ser deportados”, dijo May Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro de Justicia de la Alianza Herthland Nacional de Inmigrantes, un bufete de abogados de inmigración.
“Familias y comunidades están desesperadas por aliviarse del miedo de ser deportados que enfrentan cada día bajo el sistema de inmigración de nuestro país”.
Muchos políticos republicanos y líderes de grupos antiinmigrantes, sin embargo, celebraron que se congelara la propuesta de permitir que los inmigrantes obtengan un estatus legal.
El senador de Texas Ted Cruz llamó al fallo una “gran victoria” y el presidente de la Cámara de Representantes, el Republicano John Boehner, solicitó a los senadores demócratas que están en desacuerdo con el presidente impulsen un proyecto para retirar el financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, el cual llevaría a cabo la orden.
“El fallo del juez Hanen de prevenir que la administración de Obama proceda con el plan de conceder amnistía y permisos de trabajo a millones de ilegales es una importante victoria para la integridad de la ley de inmigración de Estados Unidos, trabajadores y contribuyentes estadounidenses y para nuestro sistema constitucional de gobierno”, dijo en un comunicado Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma Inmigratoria de Estados Unidos.
“El intento del presidente Obama de permitir a amplios grupos de ilegales extranjeros vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, bajo la apariencia de autoridad discrecional, no es más que un desvío descarado de la Constitución”.
Este artículo apareció originalmente en Watchdog.org.
