Nota del editor: La publicación original en inglés de Yaël Ossowski corresponde al pasado 19 de noviembre, cuando se esperaba que el presidente Barack Obama firmara la orden ejecutiva que evita la deportación de al menos tres millones de inmigrantes ilegales.
EnglishEl New York Times y otros medios afirman que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmará una orden ejecutiva este viernes en la que permitirá a algunos inmigrantes ilegales quedarse y trabajar en el país norteamericano.

Para un Gobierno conocido por su incompetencia y sus extralimitaciones, la orden del presidente será una de sus pocas acciones dignas.
Decir eso en el ambiente político actual es, por supuesto, una herejía. La idea misma de políticas inmigratorias más relajadas, y una promesa general de amnistía para millones de inmigrantes ilegales, es suficiente para enfurecer a los expertos, ciudadanos y millones de ciudadanos estadounidenses que votaron por una mayoría Republicana en la Cámara de Representantes abiertamente hostil a la inmigración ilegal.
Pero el enojo es el resultado de un debate que hasta ahora ha sido presentado a través de la lente estrecha de los medios de comunicación y la élite política de Nueva York y Washington D.C. El argumento está crudamente reducido a términos legales en vez de ser una evaluación realista de lo que en realidad significa una acción de este tipo.
El marco principal de la supuesta medida, documento al que accedió solo el New York Times a través de un funcionario anónimo del Gobierno, es permitir que “muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales puedan obtener documentos de trabajo y dejar de preocuparse de ser descubiertos, separados de sus familias y expulsados”, según consigna.
Lo que esto significa, en efecto, es que a los inmigrantes que han tenido hijos en territorio estadounidense se les permitirá permanecer en el país y buscar trabajo sin el riesgo de ser deportados.
Esto coincide con los lineamientos de un memorando discrecional emitido por el Departamento de Seguridad Nacional en 2012, en el que establecía que los menores de edad traídos a Estados Unidos de manera ilegal no serían obligados a atravesar los procedimientos de deportación y se les permitiría tener una oportunidad de obtener documentos legales. En el momento me di cuenta de lo vital que era ese documento para los millones de niños que se encuentran en un limbo legal por el resto de sus vidas.

Conozco la situación de mis compañeros de clase que eran inmigrantes ilegales y no podían ir a la universidad. Vi lo que era para ellos tratar de ingresar al mercado laboral y tener que escalar desde los lavaplatos de restaurantes con documentos falsos.
Ese es el lado humano ignorado por el lado antimigratorio.
Estas directivas y cambios en el plan de inmigración de Obama significarán que a una persona joven se le permitirá obtener una educación legal, y podrá trabajar y pagar impuestos como el resto de nosotros.
Se les va a permitir vivir sin el miedo de ser deportados por las autoridades, y también buscar una mejor vida como a los millones de inmigrantes que arribaron a la Isla Ellis a lo largo del siglo XIX y a principios del XX.
Sin embargo, esta idea parece repulsiva para aquellos que buscan restringir la inmigración. Personas como David Frum, un privilegiado compatriota canadiense quien se naturalizó después de años de estudiar en Harvard y Yale, y que además pasó un impresionante período escribiendo discursos en el Gobierno de Bush —aquellos que quieren presentar la disminución en los niveles de deportaciones como si fuera la evaporación del Estado de derecho.
El hecho de que algunos inmigrantes ilegales se conviertan en criminales es exhibido como una especie prueba de que la inmigración que debe ser detenida. Eso, a pesar del hecho de que criminalizar el acto de mudarse a un país nuevo en busca de una mejor vida — lo que tantos antepasados de los estadounidenses hicieron — condena a las personas a un constante sometimiento legal.
Sé lo que se sienten porque viví en este país 15 años como extranjero —un extranjero no residente, luego un residente extranjero— y sólo me convertí en ciudadano en 2009, después de haber abandonado Estados Unidos para realizar estudios universitarios en mi país natal, Canadá. El hecho de que el proceso haya tomado 15 años y miles de dólares no es ninguna virtud. Es sumamente punitivo para aquellos que se mudaron a este país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.
Hablan de esto como si se trata de hordas de inmigrantes que llegan y obtienen de manera inmediata planes asistenciales del Gobierno. A los inmigrantes se les permite el acceso a las prestaciones sociales solo despues de haber vivido en el país de manera legal durante cinco años. Incluso si mañana tres millones de permisos de residencia fueran entregados a extranjeros ilegales, significaría que el Gobierno no debería desembolsar dinero en concepto de planes asistencialistas hasta por lo menos 2019. Hasta entonces, los protegidos de la deportación estarían aportando más dinero al sistema del que están legalmente autorizados a obtener de él.
Una excepción a esta regla es el acceso al Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, que permite a los niños inmigrantes acceder a cupones de comida, en el caso de que sus familias no tengan los medios para proporcionarles una alimentación adecuada. Pero el porcentaje de este tipo de inmigrantes beneficados con planes asistenciales es mucho menor que el porcentaje de los ciudadanos nacidos en el país al mismo nivel de ingresos.
El hecho es que los inmigrantes de bajos ingresos utilizan los programas de bienestar social a una tasa mucho más baja que los ciudadanos nativos de bajos ingresos. Eso ha sido demostrado en un estudio tras otro, y más aún después de las reformas de bienestar de los años de Clinton. Está confirmado por estudios de tendencia de izquierda y derecha. Un estudio llevado a cabo por el Servicio de Investigación del Congreso en septiembre de este año lo confirma. Es un hecho.

Examinando la cantidad total de beneficios federales entregados a los no ciudadanos en los últimos 25 años, la tendencia indica que esta estadística está en un pronunciado descenso desde 1995. Esos son 20 años de sólido declive en la cantidad de beneficios entregados en comparación con los residentes legales permanentes.
Incluso mirando un desglose de los beneficios federales de acuerdo con los programas y el estatus de ciudadanía, la beneficencia distribuida ha disminuido consistentemente.

No hay crisis por los inmigrantes que reciben beneficios de asistencia social, y no hay prueba de que la concesión de la residencia y el estatus de trabajo a millones de inmigrantes extranjeros genere algún tipo de cambio en esas cifras.
Estados Unidos de América es conocido mundialmente como una nación de inmigrantes, un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad.
Si realmente nos preocupamos por la lealtad de nuestros hermanos, acerca de hacer de este el mejor país posible, entonces debemos permitir que quienes viven aquí, ya sean ciudadanos nativos nacidos en el país o bajo la nube oscura de la condición de ilegal, puedan vivir y trabajar como el resto de nosotros; para trabajar, ahorrar y contribuir al sistema, y para que les sean concedidos los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Editado por Adam Dubove y Elisa Vásquez