Las recientes reformas constitucionales que vemos en México, aprobadas por la mayoría aplastante Morena y sus aliados en el Congreso: el descabezamiento del Poder Judicial y su sustitución por jueces electos popularmente, pero propuestos solo entre los fieles al gobierno, junto con la militarización de la seguridad pública, y las otras reformas que ya se anunciaron y que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum urgió este domingo a aprobar, tales como la eliminación de los organismos autónomos de control y de la autoridad electoral, para pasar sus responsabilidades a la esfera del gobierno, es el regreso de México a las características más perniciosas de lo que Vargas Llosa diagnosticó en 1989 como “la dictadura perfecta”. El modelo “hiperpresidencialista” que dominó la política mexicana durante los más de 70 años que estuvo el PRI en el poder.
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Aunque Vargas Llosa hacia una salvedad: no era en principio la dictadura de una sola persona que se mantuviera eternamente en el poder, sino que las reglas del juego lo que establecían es que tenía que haber un cambio sexenal. Pero el PRI y los políticos priistas se mantenían en el poder, fuera quien fuera el presidente. En realidad, ahora Morena ha decretado que López Obrador sea el poder único y real, el árbitro final de todo el juego. Y cuando éste falte, su familia (los López de Macuspana) será quien lo sustituya, como demuestra la elección de su hijo Andrés López Beltrán como nuevo secretario de Organización del partido Morena, también este domingo: elección muy al estilo soviético o castrista, con el apoyo del 100% absoluto de los más de tres mil consejeros y consejeras del Congreso nacional extraordinario de Morena.
Al respecto, mejor ejemplo no puede haber de la total sumisión y complicidad de Claudia Sheinbaum y de su partido, a los deseos y caprichos de López Obrador, y también borra de un solo plumazo, todas las esperanzas y argumentos que venían dando los voceros e intelectuales afines a Sheinbaum de que ésta modificaría o al menos matizaría las reformas impulsadas por López Obrador.
México por tanto no solo vuelve al “hiperpresidencialismo”, sino a uno recargado, donde López Obrador es el propietario de todo el poder, un poder que ejerce en connivencia con el crimen organizado (su financista) y los militares. Se convierte pues en un país con una división insalvable entre quienes se disciplinan y quienes no, donde solo son legítimos los creyentes en el poder y en la verdad única de AMLO y su partido y los demás que mejor nos vayamos buscando otro país o bien, que nos sometamos, rogando ser perdonados y salvados del error capital de creer en otros colores e ideas.
Si seguimos transitando por esta vía, por este camino de servidumbre, donde el acceso al poder sea por la aceptación de una verdad única, profundamente ideológica, por la descalificación de los demás, la cancelación de todo debate, disección o antagonismo, donde ya no hay opositores ni críticos sino solo simples enemigos, donde lo que uno gane sea solo lo que arrebató a los demás, donde la mayoría tiene todos los derechos y la minoría ninguno, pues muy pronto dejará de haber democracia, progreso y diálogo, y eso ya está pasando en México (las sesiones en la nueva legislatura del Congreso mexicano son ilustrativas de esto), convirtiéndonos en un país en el que no se busca que quepamos todos.
El México de democracia liberal y electoral, economía de mercado, garantías individuales, derechos humanos, protección a los perseguidos por otros gobiernos, respeto a la legalidad internacional, y de prevalencia del Estado de Derecho y la Constitución, ya no existirá más. Estamos hoy presenciando su agonía.
Quizá sea útil terminar recordando otra vez a Vargas Llosa y preguntar tal como hizo en Conversación en la Catedral: ¿en qué momento se jodió México y se convirtió en esta autocracia de partido único, al servicio de militares y narcos?
Y esto no es una opinión, sino una descripción: el legislativo mexicano y su subsiguiente proceso de aprobación de reformas constitucionales, dieron un paso al frente en la construcción de un régimen como el descrito. Al respecto, ninguna democracia consolidada en el mundo elige por voto popular a sus órganos judiciales de última instancia ni de control constitucional. Y solo en Venezuela, el régimen dictatorial de Nicolas Maduro y su PSUV, mantiene bajo su poder, control y coloniaje a las otras instituciones, empezando por el organismo organizador de las elecciones.