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Desde el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha hecho énfasis en la idea, replicada hasta la saciedad por los principales medios de comunicación en Colombia, que aunque la reforma tributaria es dolorosa, resulta inevitable si se pretenden mantener los programas sociales que favorecen a los ciudadanos más pobres del país.
En una entrevista con el diario El Tiempo, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que “Si no hacemos nada, corremos el riesgo de dar marcha atrás. Hay que mantener la inversión en colegios, hospitales, infraestructura. Sé que es una reforma difícil, más en el momento actual. Pero es absolutamente necesaria”. Es decir, le advierte a la opinión pública que el objetivo fundamental de esta reforma es sostener la inversión y el gasto social.
El argumento que han asumido como cierto, no solo los políticos y los periodistas, sino buena parte de los ciudadanos, es que la reforma tributaria que se está tramitando en el congreso permitirá que los colombianos de menores ingresos puedan seguir accediendo a programas gratuitos de vivienda, salud, educación y demás ayudas estatales. No obstante, valdría la pena preguntarse si efectivamente los recursos de la reforma van a tener ese fin tan altruista que, hábilmente, resaltan los funcionarios del Gobierno a la hora de hablar de este sablazo tributario.
Para examinar cuál será el destino del dinero adicional que tendrán que pagar los colombianos por cuenta de la reforma tributaria, basta analizar la distribución del presupuesto del Estado colombiano: contrario a la falaz lógica del ministro, estos recursos no serán usados prioritariamente en subsidios ni en inversión para los más pobres, sino que entrarán a financiar la totalidad del presupuesto nacional que, como veremos, es de todo menos filantrópico.
El presupuesto del Estado colombiano para el año 2017, recientemente aprobado en el congreso, alcanza los $224 billones de pesos (unos USD $74 mil millones). El Gobierno espera que una parte importante de esta cifra sea financiada por los nuevos recursos provenientes de la reforma tributaria, especialmente por el aumento de tres puntos en el IVA, y por la reducción de los ingresos mínimos para que una persona sea sujeto de impuesto de renta.
Del presupuesto nacional, un 24 %, alrededor de USD $18 mil millones, se van a destinar al servicio de la deuda pública; mientras que el 17 %, unos USD $12 mil millones, van a ir a parar al sostenimiento del sistema pensional; y un 15 %, USD $11 mil millones, a sufragar las nóminas de las entidades estatales. Así, en una mirada apenas somera, vemos cómo más de la mitad del presupuesto nada tiene que ver con inversión social o ayudas a los pobres, por el contrario, se destinará a mantener la privilegiada casta burocrática o a pagar excesos de gasto cometidos en el pasado.
En cuanto a los recursos con los que el Estado financia al sistema pensional, uno de los componentes más importantes del presupuesto, muchos podrán decir, sin conocimiento de la realidad, que es un rubro necesario para que, sobre todo los más pobres, puedan disfrutar de una vejez digna. Sin embargo, solamente el 0,3 % del total de fondos destinados a pensiones es entregado al 20 % más pobre de los colombianos, mientras que el 20 % más rico recibe el 63 % de los subsidios.
Pero incluso entre los rubros que el Gobierno presenta como ‘inversión social’, la distribución no es favorable para los ciudadanos de menores ingresos. El mismo director del Departamento de Planeación Nacional, Simón Gaviria, reconoció que el relato según el cual los recursos del Estado colombiano se destinan, de manera prioritaria, a los más pobres, no tiene nada que ver con la realidad. Según un informe de esta entidad, el 20 % de los subsidios estatales terminan en manos del quintil más rico de la población y apenas el 22 % llega al quintil de menores ingresos. El grueso de los subsidios va a la clase media.
El ministro Cárdenas, si quisiera ser coherente con la realidad, debería explicarle a los colombianos que sus impuestos y, por supuesto, el incremento que van a tener que sufragar desde el año entrante, se irán prioritariamente, no a ayudar a los más pobres, sino a pagar los intereses de la deuda pública que los políticos han inflado de manera irresponsable durante décadas. También buena parte de este nuevo recaudo irá a subsidiar a los pensionados, pero no a los que devengan un salario mínimo, sino principalmente a los que se quedaron con jugosas mesadas gracias a la existencia de normas pensionales irracionales.
Tal vez el argumento más usado a favor de los impuestos y de la existencia de un Estado cada vez más grande, acude a la percepción de que son esencialmente mecanismos de ‘ayuda’ a los más pobres. Este imaginario ideológico se derrumba cuando se analizan las cifras, solo así se entiende que los impuestos, y por tanto esta reforma tributaria, tienen como objetivo fundamental asegurar la supervivencia de un enorme entramado de privilegios políticos y el mantenimiento de una casta burocrática voraz e improductiva.
Entonces, no señor Cárdenas, no presidente Santos, lo que se obtenga con la reforma tributaria y lo que ya se le quita a los colombianos, no es para ayudar a los más pobres, no va a parar a manos de los más necesitados. No creo que la redistribución sea una política ni ética ni eficiente, pero aún quienes sí lo creen deberían saber que el Gobierno colombiano lo que busca es mantener un Estado elefantiásico, creciente al infinito, y que disfruta de envidiables salarios, y para justificarlo se inventan que de no ser por todas sus entidades sostenidas con el dinero que se le saca, principalmente, a la abrumada clase media, los pobres morirían de hambre.
