En las últimas dos semanas, los comerciantes chinos del sector de San Victorino en Bogotá, han sido víctimas de rechazos e intimidaciones por parte de vendedores locales. El ambiente está tan caldeado que durante las manifestaciones que se han realizado en contra de la presencia de los asiáticos, estos han decidido cerrar sus negocios por miedo a ser agredidos.
Los comerciantes colombianos manifiestan que los chinos les arrebatan una participación cada vez más grande del mercado y que su presencia los llevará a la quiebra. Por ejemplo, Juan Martín Duque, uno de los líderes de la protesta, afirma lo siguiente: “Han colonizado comercios en muchas ciudades, son expertos en hacerlo. Llegan con mucha plata, pagan primas para quedarse con los locales. Si esto no se regula va a terminar en un gran problema”.
Resulta que los comerciantes chinos venden productos a un menor precio que los colombianos, de ahí que estos últimos afirmen que los van a dejar sin empleo y en la quiebra; les están quitando clientes. Ahora bien, el problema no se limita a la posible mercancía ilegal que los extranjeros puedan ofrecer. Los vendedores locales admiten abiertamente que, incluso los productos chinos que pagan impuestos, son más baratos que los colombianos, y que en tales condiciones les queda muy difícil competir.
Los chinos, por su parte, explican que sus mejores precios se deben principalmente a que tienen contactos en su país de origen y pueden conseguir productos más baratos, también a que prefieren tener un margen de ganancia menor que el de los colombianos, para con precios más bajos vender en grandes cantidades. Y además, afirman que un matrimonio chino puede tener su local abierto los 365 días del año turnándose entre ellos para descansar y de esta forma no descuidar el negocio.
Es claro, entonces, que los comerciantes chinos son bastante competitivos y están quitándoles mercado a los colombianos. Pero, ¿eso es malo? ¿Debería el Estado intervenir y proteger a los vendedores locales? La respuesta a las dos preguntas es: no. Poner barreras a la entrada de mercancía china perjudica a toda la sociedad y atenta contra la competencia. Que nuevas empresas con mejores precios lleguen al país, además de beneficiar a los consumidores, hace que los productores y comerciantes nacionales se esfuercen por bajar precios y ofrecer un mejor producto para no ser desplazados del mercado.
Cuando se discuten este tipo de problemas relacionados con el libre comercio, siempre se habla de los productores y comerciantes que se verán perjudicados. Pero lo que se ignora, de lo que no se habla, es de los miles de consumidores que son beneficiados con la importación de mercancía barata. La venta de productos chinos en nuestro país beneficia, sobre todo, a las familias más humildes, que ahora pueden comprar ropa, calzado y juguetes a precios más bajos.
Este es el típico caso de pérdidas concentradas y beneficios dispersos. Cuando los comerciantes de San Victorino reclaman que se quedarán sin trabajo por culpa de los chinos, es fácil que todos sintamos compasión por su situación, pues las pérdidas están concentradas y las vemos claramente. Sin embargo, las ganancias están dispersas y parece que nos cuesta trabajo identificarlas. El ahorro que logra cada familia que consume mercancía china, es difícil de observar como un todo. Los consumidores que se ven beneficiados, a diferencia de los comerciantes locales, no están organizados y no salen a protestar.
Pero además de que centramos la atención en las pérdidas y nos olvidamos de los beneficios, que son mucho mayores, quienes defienden a los comerciantes colombianos de San Victorino, y en general quienes están en contra del libre comercio, parecen no darse cuenta de que lo que están pidiendo con sus medidas proteccionistas es impedir el avance de la sociedad. No podemos encerrarnos y proteger, a toda costa, los productos nacionales privándonos de las ventajas de consumir las mejores y más baratas mercancías que se producen en otros países.
Es claro que todo cambio produce destrucción de empleo, pero no se puede evitar que la sociedad avance por proteger a unos cuantos perjudicados. Aún más cuando el desempleo que se ocasiona es sólo temporal. La mano de obra y los recursos que están ocupados en empresas que no son competitivas, se desplazarán a sectores que sí lo son. Lo que nos debería preocupar no es que estas personas tengan que cambiar de empleo, sino que existan las condiciones necesarias para que ese cambio sea rápido. Es decir, contrario a demandar protección para empresas poco competitivas, lo que deberíamos pedir es que se liberalice el mercado laboral, de modo que los factores productivos se puedan mover con facilidad y el desempleo dure poco.
Parece que aún nos resulta difícil entender que el libre comercio beneficia a todos salvo a los que están cubiertos por protecciones arancelarias. Lo que piden los productores y comerciantes nacionales es ser protegidos a cambio del bienestar de los consumidores.
Los colombianos tenemos que aprender a ver lo que no es evidente. Los beneficios que el comercio exterior trae a toda la sociedad, y sobre todo a las familias más pobres, aunque están dispersos, son mucho mayores que las pérdidas.
No podemos jugar a repetir la historia de Caín y Abel. La solución no es matar al más virtuoso, no es ético y nos perjudica a todos, lo correcto es mejorar y competir con él. Entre más empresas y más mercancía extranjera llegue a nuestro país, sin barreras arancelarias, será mayor el esfuerzo que harán todos los competidores para ganar clientes y beneficiar a los consumidores.
Los chinos no nos están quitando nada, por el contrario, que tengan cada vez más clientes es muestra de las ventajas que trae una sociedad abierta, tanto a los capitales y mercancías, como a las personas.
No se puede perjudicar a la sociedad y, en especial, a las miles de familias de escasos recursos que ahora obtienen productos más baratos, por proteger del desempleo temporal a unos cuantos comerciantes colombianos. Por eso: ¡chinos, quédense!